García cuestionó la doble vara judicial y pidió terminar con el silencio peronista

La diputada nacional Teresa García realizó un fuerte análisis sobre la coyuntura política argentina, el rol de la Justicia y la situación interna del peronismo. En ese marco, reclamó poner fin al “silencio cómplice” dentro del espacio y advirtió que la falta de explicación pública sobre los procesos judiciales termina favoreciendo sentidos comunes instalados contra Cristina Fernández de Kirchner.

En diálogo con Código Baires, García se refirió al episodio ocurrido en la Causa Cuadernos, luego de que fuera citado un presunto testigo que resultó ser la persona equivocada y que no tenía vinculación con el proceso judicial. La legisladora consideró que el hecho expuso una vez más las irregularidades con las que, según denunció, se manejaron distintas causas judiciales.

“Gracias a Dios esto se pudo reproducir, se reproduce porque está firmado y lo pudimos ver cara a cara”, señaló García, al advertir que existen otras situaciones similares que no tomaron estado público porque “se han negado desde el propio sistema de la Justicia”.

En esa línea, la diputada también recordó cuestionamientos a la Causa Vialidad, entre ellos la incorporación de pruebas fuera del período de instrucción y el accionar del fiscal Diego Luciani. “Es todo un bochorno cómo se han manejado estas causas, es una vergüenza realmente”, sostuvo.

García insistió en que las causas contra Cristina Fernández de Kirchner fueron “amañadas” y “sin fundamentación”, y apuntó directamente contra la Corte Suprema. Según planteó, “el escándalo más grande” fue que el máximo tribunal “ni siquiera levantó la tapa de cartulina del expediente”.

La legisladora también cuestionó lo que definió como una doble vara judicial y política. “Cristina tenía que saber todo, hasta lo que hacía la Mesa de Entrada, pero Javier Milei no sabe nada, ni quiénes son sus funcionarios”, comparó.

Frente a ese escenario, García sostuvo que el peronismo tiene la responsabilidad de dar una disputa pública más activa. “Hay que explicar permanentemente”, afirmó, y remarcó que “el silencio es cómplice de estas situaciones”.

Para la diputada, una parte del problema radica en la dificultad para explicar el concepto de lawfare en la Argentina. En ese sentido, comparó que mientras en España un amplio sector de la población reconoce la existencia de persecución judicial con fines políticos, en el país “cuesta mucho explicarlo”. Según señaló, se instaló una idea social muy fuerte contra la expresidenta, muchas veces repetida sin fundamentos.

“Han instalado un emblema con esto, pero me parece que la responsabilidad del peronismo es explicar permanentemente”, remarcó García, y agregó: “La única manera de corregirlo es con la palabra”.

La diputada también analizó la situación del peronismo en distintos planos. En el territorial, sostuvo que el espacio trabaja desde sus “distintas tribus”, en un contexto en el que el Gobierno nacional busca avanzar sobre la provincia de Buenos Aires, con la presencia de Karina Milei y capacitaciones destinadas a militantes libertarios.

En el plano legislativo, García reconoció que el peronismo no cuenta con quórum propio a nivel nacional y que enfrenta dificultades para reunir aliados que permitan avanzar con determinadas iniciativas. En ese marco, cuestionó a gobernadores que se identifican como peronistas pero acompañan al Gobierno nacional.

Uno de los apuntados fue el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, a quien acusó de haber decidido acompañar al oficialismo “en todo”, incluso en la modificación o suspensión de las PASO. “Con esos legisladores no tenemos absolutamente nada que ver, pero le ofician de gran soporte al Gobierno nacional”, afirmó.

García también se mostró atenta al tratamiento en el Senado de la Ley de Tierras y de la reforma política. Sobre esta última, advirtió que no se trata únicamente de la eliminación o suspensión de las PASO, sino de un paquete más amplio que incluye el desfinanciamiento de los partidos políticos.

Según la legisladora, esa orientación responde a una decisión del Gobierno de avanzar hacia la privatización de la actividad política. “La gestión libertaria necesita que la acción política no la soporte el Estado”, sostuvo.

Finalmente, García alertó que trasladar el financiamiento de los partidos a manos privadas representa “un enorme riesgo para el proceso democrático”, en tanto podría condicionar aún más la representación política y debilitar el funcionamiento institucional.