LEGISLATIVAS | 28 FEB 2026

DOBLE TRIUNFO

Con el Senado a favor, Milei abre el año en modo ofensiva

En una misma jornada, La Libertad Avanza logró convertir en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil (44-27-1) y, horas después, la Modernización Laboral (42-28-2). Dos votaciones que, más allá del articulado, reordenan el mapa: oficialismo con capacidad de armar mayorías, oposición peronista cerrando filas pero con grietas, y gobernadores jugando fino antes de la apertura de sesiones ordinarias.




El Senado le entregó a Javier Milei una foto política difícil de mejorar en la antesala del discurso de apertura del período ordinario: dos leyes de alta sensibilidad, aprobadas el mismo día, con números que el oficialismo ya usa como certificado de poder. No se trató solo de “ganar votaciones”. Se trató de instalar que el Gobierno puede ordenar agenda, sumar aliados y traducir su relato de reformas en normas concretas.

Primero fue el Régimen Penal Juvenil. Después, la Modernización Laboral. Dos rondas, dos triunfos, y una conclusión operativa para la Casa Rosada: llega al inicio del año legislativo con el viento a favor, con la oposición corriendo de atrás y con un método parlamentario que, por ahora, funciona.

El primer triunfo: régimen penal juvenil (44-27-1)

La Ley Penal Juvenil fue aprobada con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. La cifra no es casual: la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, había anticipado que habían construido esa mayoría. En un Senado donde el oficialismo no tiene mayoría propia, el número es parte del mensaje político.

La votación dejó también una postal de alineamientos y fisuras. La abstención fue de Alejandra Vigo (Provincias Unidas). Y la singularidad política, en clave peronista, fue que una integrante de Convicción Federal votó a favor de la baja en la edad de imputabilidad: Sandra Mendoza, referenciada en el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. En ese mismo espacio, Carolina Moisés y Guillermo Andrada votaron en contra. El peronismo quedó ordenado en el rechazo en su bloque principal, pero con una grieta que el oficialismo exhibe como capacidad de fragmentar el frente opositor cuando el tema lo permite.

Qué cambia: edad, enfoque y escala de respuestas

La ley reemplaza el régimen vigente desde 1980 y baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Se presenta como un régimen moderno e integral, con proceso penal específico para adolescentes, garantías reforzadas y una lógica que no se agota en el encierro.

Incorpora un menú de medidas alternativas a la privación de la libertad para determinados delitos y reserva el encierro como recurso excepcional en los casos más graves. Establece condiciones de alojamiento separadas de adultos, prevé asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, y suma medidas educativas y de formación orientadas a la resocialización.

Además, prohíbe la prisión perpetua para menores y fija topes máximos de pena privativa de libertad. Un dato central: la implementación recae en gran medida en las provincias, tanto en infraestructura como en dispositivos especializados.

Otro detalle que pesa: cuándo empieza a regir

La norma no entra en vigencia de inmediato. Establece que comenzará a regir a los 180 días de su publicación. Ese plazo busca permitir adecuaciones, pero abre una discusión inevitable: quién financia, cómo se distribuyen los recursos y qué sucede si las capacidades provinciales no alcanzan.

El debate: certeza y fin de la impunidad vs capacidad del estado

El oficialismo defendió la ley como una herramienta para dar certeza y terminar con un esquema considerado discrecional. Sostuvo que a los 14 años existe comprensión de la criminalidad del acto y que el sistema necesitaba una actualización.

La oposición planteó el riesgo de avanzar hacia un esquema más punitivo sin garantizar infraestructura, presupuesto ni políticas públicas complementarias. También se discutió la relación entre delito juvenil y condiciones sociales, y si la respuesta debe centrarse en endurecer el sistema penal o en fortalecer intervenciones previas.

La ley se aprobó con amplia ventaja, pero el debate dejó abierta una controversia que continuará en la etapa de implementación.

El segundo triunfo: modernización laboral (42-28-2)

Horas después, el Senado convirtió en ley la Modernización Laboral con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones. El Gobierno presentó la sanción como complemento del primer triunfo: seguridad y empleo como ejes del orden político y económico.

El trámite parlamentario incluyó una discusión técnica sobre la modalidad de votación entre aceptar modificaciones o insistir con versiones previas, pero el resultado fue claro: el oficialismo sumó una segunda ley clave en la misma jornada.

Los puntos centrales de la reforma laboral

Indemnización: se mantiene, pero cambia la base de cálculo
La indemnización por despido sin causa continúa vigente, pero se redefine la base de cálculo: se toma la mejor remuneración mensual normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Se establece además un criterio de actualización vinculado al IPC con un adicional anual.

Fondo de asistencia laboral (fal): el corazón de la disputa
Se crea un fondo obligatorio financiado con contribuciones patronales diferenciadas según el tamaño de la empresa. El objetivo declarado es cubrir costos derivados de desvinculaciones y reducir litigiosidad.
Para el oficialismo, aporta previsibilidad. Para la oposición, puede implicar socialización de costos y generar incentivos indirectos al despido.

Banco de horas: flexibilización del esquema horario
Se habilita la posibilidad de pactar variaciones en el horario laboral que no computen como horas extra sino como compensaciones en tiempo. El empresariado lo presenta como herramienta de adaptación; sectores sindicales advierten sobre mayor discrecionalidad.

Vacaciones: ventana ampliada y fraccionamiento
Las vacaciones podrán tomarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con opción de pactar otros períodos y fraccionarlas en bloques no menores a siete días.

Incentivos y regímenes de formación e inversión
Se crean regímenes orientados a capacitación, empleabilidad y reconversión laboral, y otros para incentivar modernización e inversión productiva.

Apps y nuevas formas de trabajo
La ley incorpora criterios regulatorios para trabajadores de plataformas digitales, buscando establecer un marco específico para una actividad en expansión.

Justicia laboral: un traspaso sensible
Se incluye el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad, con impacto institucional y potencial de litigios.

Derogación de estatutos profesionales
Se fijan plazos para la derogación de ciertos estatutos, entre ellos el del periodista, con períodos de transición. El punto genera debate en sectores con regulaciones históricas específicas.

El hilo que une ambas leyes: el método milei en el congreso

El doble triunfo no solo habla del contenido de las normas. Habla del método: mayorías variables, acuerdos transversales y negociación provincia por provincia.

En el régimen juvenil, el oficialismo logró una coalición amplia y exhibió una fisura en el peronismo. En la reforma laboral, sostuvo respaldo suficiente pese a la sensibilidad del tema. El resultado es un Presidente que llega a la apertura del período ordinario con una narrativa consolidada: orden en materia penal y modernización en el plano laboral.

Lo que viene: implementación, provincias y prueba de realidad

El Senado ya dio la foto. Ahora comienza la etapa compleja.

En el régimen juvenil, la prueba será provincial: infraestructura adecuada, equipos especializados y recursos suficientes. En la reforma laboral, la evaluación será económica y judicial: impacto en empleo formal e informal, funcionamiento del FAL y nivel de conflictividad.

Milei llega envalentonado a la apertura del año legislativo porque el Congreso le entregó algo más que leyes: le entregó impulso político. La incógnita es si ese impulso resistirá cuando las normas bajen del recinto a la realidad cotidiana.