Según publicó el diario La Capital, a menos de tres meses de que concluya el ejercicio 2018, el Ejecutivo continúa sin haber impulsado la aprobación y puesta en vigencia de esa norma, la cual debería haber sido elevada al Concejo Deliberante en octubre de 2017.
El Tribunal de Cuentas instó al intendente y a su secretario a que promuevan el "dictado" de la ordenanza ya que en el caso de no hacerlo ambos serían sancionados por "infringir los deberes concernientes a sus cargos".