Sigue la polémica por el DNU 70/23: Propato denunció presiones de gobernadores para voltear el quórum

La fallida sesión especial para derogar el DNU 70/23 sigue generando cruces en el Congreso. La diputada nacional de Unión por la Patria, Agustina Propato, volvió a apuntar contra los gobernadores y los bloques que no dieron quórum y aseguró que el decreto del Gobierno sigue vigente como eje del deterioro económico.

"Es inexplicable que no hayamos podido constituir el quórum, quedamos a ocho diputados. Había una expectativa cierta de reunirlo y hubo telefonazos de algunos gobernadores que hicieron que sus legisladores se levanten de las bancas", sostuvo Propato, al hacer balance de la sesión del miércoles pasado.

Para la legisladora, el debate no perdió vigencia sino que se reavivó. "Era una cita obligatoria. El 70/23 tuvo un resurgimiento por el capítulo de la ley de tierras, pero manejaron para despejar ese tema y se cagaron en reconocer que es el padre de todas las tragedias que sufren los argentinos", afirmó.

El DNU, en el centro del debate económico

A tres días del traspié parlamentario, Propato insistió en que los efectos del decreto se sienten en la vida cotidiana. "Es el padre de la morosidad y de los 6 millones de argentinos endeudados por la liberalización de las tasas bancarias, es el padre de la desregulación de las prepagas y de los tarifazos", enumeró.

También vinculó la norma con el aumento del costo de vida y la crisis industrial: "Milei prometió dolarización y dolarizó el precio de los combustibles. Hoy llenar el tanque es casi el 10% de los ingresos. Dolarizó la góndola y abrió irrestrictamente las importaciones. Ya cerraron más de 30 mil pymes".

En ese marco, la diputada sostuvo que el DNU habilitó además "la maniobra para vender el patrimonio estratégico del país a través de la conversión a sociedad anónima unipersonal".

Qué viene ahora

Tras la caída de la sesión, el decreto continúa vigente y la oposición busca rearmar la estrategia parlamentaria. Propato cuestionó a los diputados ausentes por "falta de empatía, de seriedad y de representación" y definió al 70/23 como "una reforma constitucional encubierta, ilegal e inconstitucional, que lleva 3 años vigente y explica la situación económica actual".