PAíS | 5 OCT 2026
DISPUTA POR LA LEY DE TIERRAS
Tierras: rechazan el freno urgente al DNU
La Justicia desestimó la medida interina solicitada por Pichetto y Massot y dio cinco días hábiles al Gobierno para responder antes de resolver la cautelar. Los diputados advierten sobre el riesgo de que se concreten operaciones durante ese plazo.
El pedido de Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para restablecer de manera urgente los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros encontró un primer revés judicial. El juez Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1, rechazó la medida interina destinada a suspender el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales, y otorgó al Gobierno cinco días hábiles para responder antes de resolver sobre la cautelar.
La diferencia entre ambas instancias resulta central: la decisión desestimó la protección inmediata que los legisladores reclamaban mientras se tramita su presentación, pero todavía queda pendiente la resolución sobre la medida cautelar. Frente a ese escenario, Pichetto pidió que el plazo concedido al Ejecutivo se reduzca a dos días y cuestionó las consecuencias que podría tener la espera.
“Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe”, expresó en la red social X el presidente del bloque Encuentro Federal.
El planteo de los diputados busca impedir que se consoliden operaciones de compra de tierras por parte de extranjeros mientras continúa la disputa sobre la derogación de la Ley 26.737. Según argumentó Pichetto al presentar la acción, la preocupación radica en que esas adquisiciones puedan convertirse en derechos adquiridos y dificultar una eventual revisión posterior.
El reclamo por una respuesta urgente
La presentación se produjo después de que la Corte Suprema dejara sin efecto el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154, en una causa promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), cuya legitimación para impulsar el reclamo fue cuestionada por el máximo tribunal.
Tras esa decisión, Pichetto advirtió que podían realizarse compras de tierras rurales sin los límites previstos por la norma derogada, incluidos inmuebles que contienen o lindan con cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Ese fue uno de los argumentos con los que fundamentó la necesidad de una intervención judicial inmediata.
El diputado también sostuvo que una definición rápida permitiría recurrir a tribunales superiores en caso de un resultado adverso. “Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación”, manifestó.
La advertencia expresa la preocupación de los legisladores por el tiempo que puede demandar el proceso: mientras solicitan que se suspendan los efectos de la derogación, el juzgado resolvió escuchar primero la posición del Gobierno y no conceder el freno transitorio reclamado.
La oposición también busca llevar el DNU al recinto
La disputa judicial tiene un correlato en la Cámara de Diputados, donde Pichetto y Massot acompañaron un pedido de sesión especial para el jueves 15 de octubre. El temario propuesto incluye el tratamiento del DNU 70/2023, además de cuestiones vinculadas con discapacidad y endeudamiento familiar.
Los sectores opositores que impulsan la convocatoria todavía no cuentan con el quórum necesario, aunque sumaron adhesiones de representantes provinciales que se pronunciaron contra el decreto. Reunir los votos para abrir la sesión constituye, por lo tanto, el primer desafío de la iniciativa parlamentaria.
Publicado el 21 de diciembre de 2023 bajo el nombre “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, el DNU modificó y derogó numerosos marcos normativos al comienzo de la presidencia de Javier Milei. El Senado lo rechazó el 14 de marzo de 2024, con 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones.
Con ese antecedente, la oposición busca que Diputados también se pronuncie contra el decreto. El conflicto por las tierras rurales queda así abierto en dos ámbitos: el judicial, donde se espera una respuesta del Ejecutivo antes de la resolución cautelar, y el parlamentario, donde sus críticos aún necesitan reunir el respaldo suficiente para llevar la discusión al recinto.
