El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con nuevos controles para las aplicaciones de transporte. A través de la Disposición que reglamenta la Resolución 99/SECT/26, estableció el procedimiento para el registro obligatorio de Uber, Cabify y DiDi, denominadas Empresas de Redes de Transporte (ERT).
El esquema combina dos obligaciones centrales: acreditar que cumplen los requisitos para operar y mantener una base actualizada de los choferes y autos que prestan servicio a través de sus plataformas.
Cómo es el trámite y qué pasa si falta documentación
Las empresas deben enviar la solicitud a mesasecretariatransporte@buenosaires.gob.ar. La presentación es en PDF e incluye una declaración jurada firmada por su representante o apoderado, junto con la documentación que acredita esa representación.
A partir de ese envío se abre un expediente y el área competente revisa la presentación. Si detecta incumplimientos, intima a la compañía a corregirlos en un plazo de diez días. Vencido ese plazo sin subsanaciones, las actuaciones se archivan.
Si la solicitud reúne las condiciones exigidas, la Dirección General de Gestión de Servicios de Movilidad otorga una Constancia de Cumplimiento. La declaración jurada contempla responsabilidades legales en caso de falsedad.
El reclamo del Sindicato de Remiseros
Desde el Sindicato Único de Remises y Autos al Instante (SURyA) valoraron el avance pero pidieron más controles.
“Hay algo que hay que seguir trabajando, hay que seguir ampliando las conquistas”, sostuvo su secretario general, Alejandro Poli, en diálogo con Mundo Gremial.
El dirigente puso el foco en la fiscalización: “Ahora, lo que me pregunto es ¿quién va a controlar esto? ¿Se va a verificar que el padrón que se declare sea el real?”, planteó, y advirtió sobre la necesidad de comprobar si todos los vehículos que trabajan para una plataforma están efectivamente incluidos en la información declarada.
Como herramienta de verificación, propuso que los autos de apps tengan una oblea con vencimiento, similar a la de los taxistas, que permita identificar cada unidad en los operativos. Ese distintivo es parte del planteo gremial y no figura como obligación en la norma.
Poli también remarcó que acceder a información verificable permitiría distinguir a los propietarios que manejan su propio auto de los choferes que trabajan para flotas, y vincularlo a posibles relaciones de dependencia encubiertas en contratos de alquiler.
“Es importante que cumplan ahora con esto, porque es una forma de ordenar la actividad que hoy está desmadrada”, concluyó.