El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina reclamó la apertura de una mesa de diálogo que permita encontrar una salida al conflicto entre la empresa Cargill y 30 transportistas que prestaban servicios en la localidad bonaerense de Arribeños, partido de General Arenales.
La organización conducida por Mario Pereyra señaló que la controversia lleva 63 días sin una resolución y manifestó su preocupación ante la reanudación de las operaciones en la planta de acopio de la compañía, prevista para este jueves.
En ese contexto, el gremio mantiene asambleas informativas en distintos puntos vinculados con la actividad portuaria bonaerense y no descarta profundizar las medidas gremiales si no se habilita una instancia de negociación.
Desde la organización aclararon que el objetivo es visibilizar la situación de los trabajadores desvinculados y promover una solución mediante el diálogo entre las partes involucradas.
El origen del conflicto
Según la versión difundida por el sindicato, los 30 fleteros dejaron de prestar servicios para Cargill después de denunciar un supuesto cobro indebido de comisiones por parte de autoridades de la Unión de Transportistas de Arribeños.
El gremio sostuvo que, luego de esas presentaciones, los transportistas fueron apartados de la operatoria y las cargas comenzaron a ser asignadas a otros camiones. Se trata de afirmaciones realizadas por la entidad sindical que deberán ser respondidas por las personas e instituciones mencionadas.
El planteo también involucra a la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas, recientemente intervenida por la Inspección General de Justicia. De acuerdo con el comunicado, integrantes de la anterior conducción de la CATAC mantenían vínculos con la entidad transportista de Arribeños.
Pedido al nuevo interventor
Frente a este escenario, Fleteros solicitó al interventor de la CATAC, Gastón Gabriel Di Bella, que convoque a una mesa de diálogo con representación de todas las partes.
El sindicato considera que esa instancia podría contribuir a destrabar el conflicto, revisar la situación de los transportistas afectados y evitar que la controversia se extienda a otros puntos de la cadena logística bonaerense.