La provincia de Buenos Aires adhirió al Régimen Federal de Empleo Protegido

La Cámara de Diputados bonaerense sancionó definitivamente la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, una medida reclamada durante años por las organizaciones del sector y destinada a ampliar las herramientas de financiamiento, capacitación y asistencia para los talleres protegidos.

La iniciativa fue impulsada por la senadora de UCR-Cambio Federal Nerina Neumann y contaba con media sanción del Senado desde octubre de 2025. Con la aprobación de Diputados, Buenos Aires quedó incorporada al régimen establecido por la Ley Nacional 26.816, que busca garantizar oportunidades laborales y promover una mayor autonomía económica y social para las personas con discapacidad.

La normativa beneficiará a más de 4.800 trabajadores que se desempeñan bajo esta modalidad y permitirá fortalecer las más de 170 unidades productivas instaladas en diferentes localidades bonaerenses. Según la Federación de Talleres Protegidos de la Provincia, Buenos Aires concentra 177 de los 263 establecimientos que funcionan en el país.

La adhesión habilita al Estado provincial a acceder a recursos financieros, técnicos y organizativos previstos por el régimen federal, además de mejorar la articulación con las políticas nacionales. El sistema contempla tres modalidades: Talleres Protegidos Especiales para el Empleo, Talleres Protegidos de Producción y Grupos Laborales Protegidos.

Cada una de estas herramientas prevé mecanismos de capacitación, acompañamiento técnico y adaptación de los puestos laborales, con el objetivo de desarrollar capacidades vinculadas con las necesidades productivas de cada región. Los talleres realizan actividades comerciales y de servicios, entre ellas la producción de cepillos, bolsas y trapos de piso, además del reciclado de botellas y otros trabajos destinados al mercado local.

Un reclamo que atravesó a los bloques

La Federación de Talleres Protegidos había participado del tratamiento del proyecto en la comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad. Su titular, Darío Corrao, destacó que la adhesión le brinda al sector una herramienta institucional para reclamar ante el Gobierno nacional y afrontar los elevados costos operativos que ponen en riesgo la continuidad de numerosas unidades productivas.

La aprobación recibió respaldo de distintos sectores políticos. El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, recordó que una iniciativa similar había sido presentada hace diez años sin alcanzar la sanción definitiva, mientras que la diputada de Fuerza Patria Margarita Recalde advirtió que apenas el 5% de las personas con discapacidad en edad laboral tiene actualmente un empleo registrado.

Durante la misma sesión, Diputados también aprobó la adhesión bonaerense a la Ley Nacional 24.901, que creó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. El proyecto, presentado por el senador Emmanuel González Santalla, garantiza prestaciones vinculadas con prevención, asistencia, habilitación, rehabilitación, promoción y protección.

La normativa establece que las obras sociales deben cubrir integralmente las prestaciones para sus afiliados, mientras que el Estado tendrá que garantizar el acceso de quienes no posean cobertura ni recursos económicos. También contempla residencias, pequeños hogares y establecimientos especializados para aquellas personas que, por distintas circunstancias, no puedan permanecer con sus familias.