PBA advierte que la reforma de Salud Mental puede vulnerar derechos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental promovida por la administración de Javier Milei y advirtió que varias de las modificaciones propuestas podrían significar un retroceso en materia de derechos humanos.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense cuestionaron tanto el contenido del proyecto como la modalidad elegida por Nación para debatirlo. Según señalaron, las provincias fueron convocadas por separado y mediante reuniones virtuales, pese a que serán las jurisdicciones las responsables de implementar los cambios.

“No se puede buscar legitimar una reforma sin consenso dividiendo a las provincias en grupos”, advirtieron desde la cartera sanitaria.

La Provincia reclamó una mesa federal en la que participen todas las jurisdicciones y se puedan discutir las consecuencias sanitarias, jurídicas y presupuestarias de la iniciativa.

Cambios en las internaciones

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la modificación de los criterios para las internaciones involuntarias.

El proyecto reemplaza el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”. Además, amplía las situaciones que podrían justificar una internación y modifica quiénes estarían habilitados para disponerla.

La iniciativa también elimina la prohibición de crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones monovalentes y habilita que las internaciones se realicen en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental.

Para el Gobierno bonaerense, estos cambios podrían afectar los avances alcanzados en el abordaje integral y comunitario de la salud mental.

“Necesitamos inversión y más equipos”

La administración de Axel Kicillof sostuvo que la discusión se produce en medio de un fuerte crecimiento de la demanda de atención psicológica y psiquiátrica.

Frente a ese escenario, consideró que la prioridad debería ser reforzar el sistema con mayor presupuesto, equipos interdisciplinarios, servicios y capacidad de respuesta territorial.

La Provincia manifestó su disposición a discutir modificaciones que permitan mejorar el funcionamiento del sistema, pero condicionó cualquier reforma a la existencia de evidencia sanitaria, participación federal y consensos amplios.

También pidió preservar los derechos adquiridos y evitar que la modificación de la ley favorezca el regreso a un modelo centrado en el encierro y las instituciones psiquiátricas.