Diputados dio media sanción a la reforma del BCRA y a Inocencia Fiscal II

Después de una extensa sesión, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos centrales para el Gobierno de Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. Las iniciativas fueron aprobadas con el acompañamiento de los bloques aliados y representantes alineados con distintos gobernadores, aunque despertaron fuertes cuestionamientos de la oposición.

La modificación de la Carta Orgánica del BCRA obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones. El proyecto establece como misión “primaria y fundamental” de la entidad la preservación del valor de la moneda nacional y elimina los objetivos incorporados en 2012, entre ellos la promoción del empleo, el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera.

La reforma prohíbe el financiamiento directo al Tesoro, elimina los adelantos transitorios e impide que el Banco Central otorgue préstamos al Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. También restringe la compra de títulos públicos en el mercado primario, suprime el concepto de reservas de libre disponibilidad y establece un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos acumulados en el activo de la entidad.

Otro de los puntos controvertidos endurece las condiciones para remover al presidente y a los integrantes del directorio. La decisión deberá responder a causas específicas y, además de ser dispuesta por el Poder Ejecutivo, necesitará el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso.

El aporte de los gobernadores

La Libertad Avanza consiguió aprobar la reforma con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, Fuerza del Cambio y diputados alineados con los gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén, San Juan y Tucumán. También votaron afirmativamente doce de los 18 integrantes de Provincias Unidas, entre ellos los cordobeses Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Alejandra Torres.

En contra se pronunciaron 92 diputados de Unión por la Patria, los cuatro representantes del Frente de Izquierda y legisladores de otros espacios, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Esteban Paulón, Pablo Farías, Jorge “Gato” Fernández y Marcela Pagano.

Desde Unión por la Patria cuestionaron que el Congreso avanzara con esta reforma mientras millones de familias atraviesan dificultades para pagar sus deudas. Itai Hagman sostuvo que alrededor de seis millones de personas están afectadas por el endeudamiento y la mora, además de otros tantos hogares que todavía cumplen con sus obligaciones, pero se encuentran “con la soga al cuello”.

El reclamo para debatir medidas destinadas a los deudores quedó fuera del temario. Hagman también advirtió sobre el artículo que permite utilizar activos del Banco Central como garantía para tomar deuda externa y acusó al Gobierno de buscar un “blindaje” para su política monetaria.

Pichetto calificó el proyecto como una “trampa cazabobos”, mientras que Agustín Rossi denunció que el oficialismo pretende garantizar la continuidad de las actuales autoridades monetarias ante un eventual cambio de gobierno. Sergio Palazzo, por su parte, reclamó que la estabilidad financiera se mantenga expresamente entre los objetivos del BCRA y objetó que se necesite una mayoría agravada para remover a sus autoridades, pero no para designarlas.

Más beneficios en Inocencia Fiscal

Tras la reforma del Banco Central, el oficialismo obtuvo la media sanción de Inocencia Fiscal II por 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones. La iniciativa amplía el régimen aprobado en diciembre pasado y, según el Gobierno, busca incentivar la incorporación al sistema formal de ahorros actualmente no declarados.

La modificación elimina los topes de ingresos por $1.000 millones y de patrimonio por $10.000 millones que limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. De esta manera, cualquier contribuyente con residencia fiscal en la Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por una presentación reducida.

El proyecto también restringe las facultades de ARCA para impugnar declaraciones. El organismo solamente podrá realizar observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el impuesto determinado y deberá sostener sus cuestionamientos mediante información declarada, registros sistémicos o datos aportados por terceros. Además, los contribuyentes dispondrán de 15 días hábiles para corregir inconsistencias y pagar el saldo adeudado.

La reforma contempla una reducción automática del 25% en determinadas multas formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no estén incluidas entre los grandes contribuyentes nacionales.

Por presión de los bloques aliados, los funcionarios de los tres poderes del Estado que hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los últimos cinco años quedaron excluidos de los beneficios. Podrán utilizar el sistema simplificado para presentar sus declaraciones y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a las demás protecciones tributarias.

El oficialismo aseguró que no se trata de una amnistía general y que los delitos podrán continuar siendo investigados. Desde la oposición, en cambio, denunciaron que la iniciativa debilita la capacidad fiscalizadora de ARCA y puede beneficiar a evasores. Martín Lousteau sostuvo que detrás de la simplificación se esconde una “ley de facilitación e impunidad de la evasión”.

Las dos iniciativas serán ahora giradas al Senado, donde La Libertad Avanza deberá reconstruir el respaldo de sus aliados y de los bloques provinciales para convertirlas en ley.