PAíS | 26 AGO 2026

PRECARIZACIóN LABORAL

Repartidores de apps: 350 mil trabajadores bajo el control del algoritmo y atrapados por las deudas

Jóvenes que buscan su primer empleo, mujeres, personas despedidas y jubilados integran un sector en constante crecimiento. Cobran entre $900 y $3.100 por pedido, carecen de derechos laborales y, ante la falta de acceso al sistema bancario, recurren a créditos con tasas que pueden superar el 700%.




Las plataformas digitales de reparto desembarcaron en la Argentina en 2018 con una promesa de flexibilidad laboral. Ocho años después, alrededor de 350 mil personas dependen de estas aplicaciones para obtener ingresos, aunque lo hacen sin estabilidad, cobertura ni espacios donde plantear sus reclamos.

La estimación pertenece al Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa), que advierte sobre el crecimiento sostenido de una actividad atravesada por la informalidad y administrada casi exclusivamente mediante algoritmos.

Las empresas denominan “socios colaboradores” a quienes realizan las entregas. Sin embargo, son los propios repartidores quienes deben aportar el teléfono, el vehículo y alrededor de $50.000 para adquirir la mochila necesaria para comenzar a trabajar.

“Somos una nueva clase trabajadora. La gestión de nuestro trabajo la hace el algoritmo”, definió Belén D’Ambrosio, secretaria adjunta de SiTraRepa, en declaraciones a BAE Negocios.

Según explicó, las compañías no cuentan con oficinas físicas a las cuales acudir ante un conflicto. Tampoco proporcionan chalecos reflectivos, lugares de descanso, baños, agua, espacios para lavarse las manos ni conexiones eléctricas para cargar los teléfonos celulares.

Un trabajo que suma mujeres, jubilados y personas despedidas

Aunque no existen estadísticas oficiales, SiTraRepa calcula que la mitad de los 350 mil repartidores trabaja en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que el resto se distribuye entre las distintas provincias.

El perfil del sector también comenzó a cambiar. La mayoría tiene entre 25 y 35 años, pero creció la participación de mujeres, que ya representarían más del 25% del total. También se incorporaron trabajadores que perdieron empleos formales y personas mayores de 50 y 60 años, entre ellas jubilados cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades.

La actividad, además, aparece como una puerta de entrada para jóvenes de 18 años y como una salida de emergencia para adolescentes que trabajan mediante cuentas prestadas por sus padres.

“Se suman laburantes que vienen de perder el empleo formal y crece la cantidad de personas mayores que son jubiladas y, por las condiciones actuales, no llegan con sus ingresos y salen a repartir”, señaló D’Ambrosio.

Cuánto cobran por cada entrega

Los ingresos cambian según la ciudad, la zona, el día y el horario de conexión. De acuerdo con el sindicato, durante los fines de semana un pedido puede pagarse, en promedio, alrededor de $3.100. En días hábiles, el monto desciende a unos $2.000.

Sin embargo, existen zonas donde la tarifa baja hasta $1.200. En Mendoza, según el relevamiento sindical, hay viajes por los que se abonan apenas $900.

Las diferencias también aparecen cuando una aplicación asigna dos o tres entregas desde un mismo comercio. En esos casos, el primer pedido puede pagarse completo, pero el segundo se liquida al 50% y el tercero, al 30%.

Así, si la primera entrega tiene una tarifa de $2.000, la segunda puede representar solamente $1.000 y la tercera, $700. “La empresa calcula todo nuestro trabajo en la opacidad del algoritmo”, cuestionó la dirigente sindical.

Rankings, bloqueos y despidos encubiertos

Las aplicaciones registran la cantidad de pedidos aceptados, las horas de conexión, los tiempos de entrega, los días y horarios trabajados y el desempeño de cada repartidor.

Esos datos determinan el lugar que ocupa la persona en un ranking interno. La posición puede habilitar o restringir el acceso a determinados horarios y a pedidos de mayor valor.

El nivel de aceptación de los viajes es una de las principales herramientas de presión. Rechazar entregas, incluso cuando resultan poco rentables o inseguras, puede afectar la calificación del trabajador.

Además, las plataformas aplican bloqueos parciales o permanentes que, para SiTraRepa, funcionan como “despidos encubiertos”. Los trabajadores pueden perder de un momento a otro el acceso a su fuente de ingresos sin una instancia clara para realizar un reclamo.

Los repartidores ponen el dinero y asumen el riesgo

La situación se vuelve todavía más compleja con los pedidos pagados en efectivo. En esos casos, son los repartidores quienes deben adelantar de su bolsillo el valor de la compra.

Si el cliente cancela la operación, la aplicación puede hacerse cargo de la pérdida o dejarla en manos del trabajador. Los comercios, por su parte, generalmente no aceptan la devolución de los alimentos.

Esta modalidad también obliga a circular de noche con dinero en efectivo y aumenta la exposición a robos. Rechazar sistemáticamente esos viajes, sin embargo, puede provocar sanciones o una pérdida de oportunidades dentro de la plataforma.

Créditos con tasas de hasta el 700%

La informalidad deja a buena parte de los repartidores fuera del sistema bancario tradicional. Cuando necesitan reparar su vehículo, comprar un teléfono o cubrir gastos cotidianos, terminan recurriendo a billeteras virtuales, fintech o líneas de crédito ofrecidas dentro de las propias aplicaciones.

De acuerdo con el testimonio de D’Ambrosio, algunas plataformas ofrecen préstamos de hasta $1.600.000 con tasas cercanas al 260%. La devolución es semanal y las cuotas se descuentan directamente de los ingresos generados por el trabajador.

“Es una dinámica de esclavitud financiera. Tenés que estar trabajando semanas enteras para saldarlo porque la empresa te retiene compulsivamente la plata”, denunció.

Para adquirir una motocicleta de 110 cilindradas, algunas aplicaciones mantienen convenios con empresas financieras que contemplan pagos de $70.000 durante 52 semanas. Según el sindicato, el costo financiero final puede llevar la tasa por encima del 700%.

Sin protección frente a accidentes y robos

A los bajos ingresos y al endeudamiento se suman los riesgos propios de circular durante varias horas por calles y rutas. SiTraRepa reclama controles sobre el peso transportado, especialmente en los pedidos realizados a supermercados, que pueden representar una carga excesiva para la espalda.

Los trabajadores también denuncian controles policiales recurrentes y el secuestro de motocicletas que constituyen su principal herramienta laboral. A esto se agregan los robos y los accidentes de tránsito, aunque no existe un registro oficial de repartidores heridos o fallecidos durante la actividad.

Después de ocho años de expansión, el trabajo mediante aplicaciones se consolidó como refugio de quienes quedaron afuera del empleo registrado o necesitan complementar ingresos insuficientes. Detrás de la flexibilidad prometida, sin embargo, se configura una relación laboral sin derechos reconocidos, con tarifas fijadas unilateralmente y bajo la vigilancia permanente de un algoritmo.