La Coalición Cívica exige explicaciones por $1 billón destinado a inversiones financieras

La diputada bonaerense de la Coalición Cívica Romina Braga reclamó al Gobierno de Javier Milei información precisa sobre el destino de los recursos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles que deben financiar el mantenimiento y la rehabilitación de las rutas nacionales.

El planteo surgió luego de que el Gobierno nacional reconociera que una parte de los fondos asignados al Sistema Vial Integrado (SisVial) permanece bajo la administración del Ministerio de Economía y fue colocada en instrumentos financieros.

Según los datos incluidos por Braga en su presentación, durante la gestión de Milei los recursos correspondientes al SisVial habrían alcanzado los $1,5 billones, pero solamente $394.000 millones habrían sido destinados a obras.

Además, al 31 de mayo de 2026, alrededor de $1 billón de lo recaudado permanecía invertido en activos financieros, mientras otros recursos continuaban depositados en cuentas bancarias.

Recursos disponibles y rutas deterioradas

Braga advirtió sobre la contradicción entre la disponibilidad de fondos y las necesidades pendientes de la infraestructura vial nacional.

“Esta situación merece especial atención por tratarse de recursos públicos vinculados a una finalidad de infraestructura que requiere continuidad, planificación y capacidad de respuesta”, sostuvo la legisladora.

En ese sentido, consideró necesario conocer los criterios utilizados para determinar cuándo y cómo se aplican los recursos recaudados.

“La existencia de fondos disponibles en magnitudes significativas, simultáneamente con necesidades insatisfechas de conservación y rehabilitación de rutas, plantea la necesidad de conocer con precisión los criterios utilizados para decidir cuándo y cómo esos recursos son aplicados”, señaló.

La legisladora vinculada a Elisa “Lilita” Carrió remarcó que los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles tienen una afectación específica y cuestionó que puedan ser utilizados para sostener decisiones financieras o metas fiscales mientras continúan pendientes las obras viales.

El impacto sobre la provincia de Buenos Aires

La diputada destacó que la situación tiene una importancia particular para la provincia de Buenos Aires, atravesada por una extensa red de corredores nacionales que conectan ciudades, zonas rurales, áreas industriales, puertos y centros logísticos.

“El deterioro no representa únicamente un problema de infraestructura: también puede traducirse en mayores costos de transporte, pérdida de competitividad, dificultades para el desarrollo de las economías regionales y mayores riesgos para quienes las utilizan”, advirtió Braga.

La legisladora reclamó que los recursos públicos afectados al sistema vial sean administrados con criterios de eficiencia, transparencia, previsibilidad y oportunidad, priorizando las necesidades concretas de las rutas.

Cuestionamientos a la administración financiera

Braga reconoció que la colocación transitoria de fondos públicos puede ser una herramienta válida para preservar su valor o garantizar el cumplimiento de compromisos futuros.

Sin embargo, marcó una diferencia cuando la acumulación de activos financieros alcanza cifras significativas y se mantiene durante períodos prolongados.

“Cuando la acumulación de activos financieros adquiere una dimensión significativa y se prolonga en el tiempo, corresponde garantizar que existan mecanismos adecuados para conocer las razones, los plazos y los objetivos de dichas decisiones”, expresó.

En esa línea, reclamó explicaciones sobre el destino de los rendimientos generados por las inversiones, los plazos previstos para ejecutar los recursos y los criterios empleados para priorizar las obras.

“Es necesario que cualquier modificación en los mecanismos de administración, conservación o financiamiento de la red vial nacional esté acompañada por información clara respecto del destino de los recursos públicos ya existentes y de las obligaciones que permanecerán bajo responsabilidad estatal”, concluyó Braga.