Martilleros advierten que la desregulación “abre la puerta” a la informalidad y las estafas

La posible desregulación de la actividad inmobiliaria volvió a encender las alarmas entre los martilleros y corredores públicos de la provincia de Buenos Aires. En diálogo con InfoMiBA, el martillero platense Aníbal Fortuna advirtió que las iniciativas que buscan flexibilizar el ejercicio profesional no sólo afectan a los matriculados, sino que también ponen en riesgo a los ciudadanos que intervienen en operaciones de compra, venta o alquiler de inmuebles.

Fortuna, expresidente durante 20 años del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata y exsecretario general del Colegio provincial, sostuvo que el debate no puede reducirse a una discusión corporativa. Según planteó, la regulación vigente cumple una función central: garantizar seguridad jurídica, identificar responsables profesionales y proteger el patrimonio de las familias.

“El colegio tiene la obligación de cuidar al ciudadano común, al que no conoce el régimen legal y necesita saber que hay un profesional habilitado detrás de cada operación”, señaló Fortuna, al remarcar que la matrícula, la formación universitaria y el control disciplinario no son requisitos formales sino herramientas de resguardo público.

La preocupación por las franquicias

El eje de la crítica apunta al avance de modelos de franquicias, marcas comerciales o nombres de fantasía en el mercado inmobiliario. Para Fortuna, ese esquema puede facilitar que personas sin título ni matrícula intervengan en operaciones complejas, bajo la cobertura de un profesional que presta su nombre o de una firma que funciona con lógica comercial.

“Se sancionó a martilleros que tenían gente a cargo, mal llamados agentes inmobiliarios, porque esa palabra no existe en nuestra ley. Existe el corredor público, que es quien ejerce el corretaje y debe estar matriculado”, explicó.

En ese sentido, cuestionó la posibilidad de que la actividad quede abierta a personas “preparadas con un cursito de venta o de coaching”, sin la formación jurídica y técnica necesaria para intervenir en transacciones que comprometen bienes de alto valor económico.

Fortuna también vinculó este escenario con el crecimiento de inmobiliarias virtuales o plataformas que ofrecen propiedades sin identificación clara del profesional responsable. Advirtió que esa modalidad puede derivar en fraudes, especialmente cuando se publican inmuebles inexistentes o se cobran adelantos sin respaldo legal.

“Siempre hay que verificar que quien ofrece una propiedad sea un matriculado, que tenga número de colegiado o registro, y que pueda ser consultado ante el colegio correspondiente”, remarcó.

Seguridad jurídica y patrimonio familiar

El martillero platense sostuvo que la intermediación inmobiliaria no consiste únicamente en acercar partes o mostrar propiedades. Señaló que el profesional debe pedir informes, verificar documentación, controlar registros y garantizar que la operación pueda avanzar con certidumbre.

En el caso de una compraventa, explicó, el corredor debe revisar aspectos vinculados al dominio, la titularidad, las condiciones del inmueble y la documentación necesaria para una eventual transferencia o escrituración. En las locaciones, también interviene en la verificación de informes de solicitantes, fiadores y garantes.

“Cuando hay confianza entre particulares, pueden arreglar directamente. Pero cuando no la hay, se recurre a un profesional para evitar que todo termine en un problema jurídico o en una estafa”, planteó.

Desde esa mirada, la desregulación implicaría volver a un esquema de “libre albedrío” en el que cualquiera podría intervenir en operaciones inmobiliarias sin responsabilidad profesional, sin control colegiado y sin sanciones claras ante incumplimientos.

El impacto sobre el trabajo local

Otro de los puntos señalados por Fortuna tiene que ver con el efecto territorial de la desregulación. Según advirtió, en los 135 distritos bonaerenses existen martilleros y corredores radicados que forman parte de la economía local. En cambio, las grandes franquicias o empresas comerciales tienden a concentrar operaciones desde centros urbanos más grandes.

Para el ex titular del Colegio platense, esto afecta especialmente a las localidades más chicas, donde el circuito inmobiliario también involucra a escribanos, agrimensores, arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra y otros trabajadores vinculados al movimiento económico de cada comunidad.

“Cuando una operación se maneja desde una ciudad más importante, el dinero deja de circular en el pueblo. Se debilita el trabajo local y se rompe una cadena de actividad que debería quedar en cada municipio”, sostuvo.

También advirtió que la desregulación podría impactar sobre la caja previsional de los profesionales, al debilitar el esquema solidario que sostiene a los martilleros jubilados y pasivos. “Todas las profesiones tienen sus cajas. Si se desregula, también se perjudica a quienes trabajaron toda una vida”, afirmó.

Ordenanzas municipales contra franquicias

En paralelo al debate legislativo, Fortuna destacó el trabajo que el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires viene realizando en los municipios. Según indicó, ya son 68 los distritos que cuentan con ordenanzas contra la instalación de franquicias inmobiliarias y contra el uso de nombres comerciales que no identifiquen claramente al profesional responsable de la actividad.

El martillero señaló que esas normas buscan impedir que se habiliten oficinas bajo marcas, licencias o franquicias que no cumplan con la legislación vigente, y también regulan la cartelería y la publicidad en la vía pública.

Asimismo, remarcó que Berisso cuenta con una ordenanza contra la publicidad y radicación de franquicias inmobiliarias. También mencionó avances en otros distritos cercanos, mientras que La Plata y Ensenada aparecen como los dos municipios donde, según afirmó, el tema todavía no fue tratado con la misma decisión institucional.

“Fue una pelea muy larga. En el ámbito de la provincia hay 68 municipios ya acordados y firmados con ordenanza”, subrayó Fortuna. El planteo fue elevado nuevamente en el ámbito colegiado, con el acompañamiento del intendete Julio Alak con la expectativa de que la discusión pueda avanzar en los distritos pendientes..

Un debate que excede al sector

Fortuna sostuvo que la discusión no debe plantearse como una disputa entre modelos comerciales, sino como una definición sobre el tipo de garantías que el Estado y los municipios deben ofrecer a quienes realizan operaciones inmobiliarias.

Para los martilleros, la matrícula obligatoria, la identificación del profesional, el control colegiado y las sanciones disciplinarias son piezas de un mismo sistema orientado a proteger a la ciudadanía. La desregulación, en cambio, podría dejar zonas grises donde resulte más difícil determinar responsabilidades ante fraudes, incumplimientos o maniobras irregulares.

“Nosotros no trabajamos para sostener una corporación profesional. Trabajamos para cuidar a la gente de a pie, que muchas veces no conoce el mercado y confía en que hay un profesional habilitado detrás de una operación”, resumió.

Mientras el Gobierno nacional y sectores legislativos libertarios impulsan una agenda de flexibilización sobre distintas profesiones, los martilleros bonaerenses buscan reforzar el rol de los colegios y de las ordenanzas municipales como barrera frente al avance de esquemas comerciales que, advierten, pueden precarizar la actividad y aumentar los riesgos para consumidores, propietarios e inquilinos.