Con el termómetro bajo cero, la Provincia activa recursos y la oposición reclama reglas permanentes

El avance del frío polar volvió a poner en primer plano una problemática que se repite cada invierno en la provincia de Buenos Aires: la situación de las personas que viven en la calle o se encuentran en riesgo de perder su vivienda. En ese contexto, el gobierno bonaerense puso en marcha la Campaña Invierno, mientras en la Legislatura comenzó a instalarse el debate sobre la necesidad de fijar protocolos automáticos y permanentes ante emergencias climáticas.

La iniciativa legislativa fue presentada en el Senado provincial por el bloque Hechos – UCR Identidad y propone crear un sistema de contingencia climática social en todo el territorio bonaerense. El objetivo es establecer mecanismos preventivos y de emergencia para proteger la vida, la salud y la dignidad de personas en situación de calle o en riesgo de estarlo frente a olas de frío, calor intenso y alertas meteorológicas severas.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores advierten que el aumento de fenómenos asociados al cambio climático impacta con mayor crudeza sobre los sectores más vulnerables, especialmente sobre quienes no cuentan con una vivienda adecuada, redes de contención o acceso garantizado a servicios básicos de protección social y sanitaria.

La Provincia despliega abrigo, salud y refugios

Mientras el debate legislativo empieza a tomar forma, el gobierno de Axel Kicillof activó la Campaña Invierno, coordinada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad junto a municipios, organizaciones comunitarias y entidades eclesiásticas.

El operativo contempla recorridas territoriales, atención sanitaria, entrega de abrigo, elementos de higiene, acompañamiento social y fortalecimiento de espacios de alojamiento. Según informó la Provincia, la cartera distribuirá 200 mil frazadas, 60 mil camperas, 60 mil pares de zapatillas y 6 mil kits de higiene.

Además, se incorporaron duchas móviles y se reforzaron los Centros de Integración Social, donde se realizó el recambio de blanquería en 1.675 plazas mediante la entrega de colchones, sábanas, almohadas y frazadas, con una inversión adicional de 240 millones de pesos.

La red provincial cuenta con 58 Centros de Integración Social distribuidos en distintos municipios bonaerenses. Se trata de casas convivenciales abiertas las 24 horas, con alojamiento, contención, talleres, espacios de formación y equipos interdisciplinarios orientados a la restitución de derechos.

Operativos en más de 20 distritos

Las Jornadas de Acceso a Derechos para personas en situación de calle se desarrollarán en más de 20 distritos. Los operativos ya pasaron por Mar del Plata, La Plata, San Martín y Vicente López, con puestos instalados en plazas, estaciones ferroviarias y otros puntos de circulación.

En La Plata, la jornada fue encabezada por la directora de Atención a Familias en Situación de Calle, Emilia Bermejo; la directora de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Claudia del Bianco; el director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad, Raúl Lucero; y el secretario de Desarrollo Social local, Nicolás Carvalho. También participaron el Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujeres y Diversidad.

El operativo sumó la participación del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Cáritas, Cruz Roja, Barberos Solidarios y profesionales de los hospitales Reencuentro, Gutiérrez, Rossi y El Dique.

En Mar del Plata, además de frazadas, ropa de abrigo y calzado, se entregaron viandas y artículos de higiene. También se realizaron controles de glucosa, toma de presión arterial y vacunación.

En ese marco, el subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza, marcó diferencias con la política nacional y sostuvo: “Mientras el gobierno nacional se retira de estas políticas, ajusta y asfixia a las provincias, en la provincia de Buenos Aires seguimos destinando recursos y articulando con municipios y organizaciones para acompañar a quienes más lo necesitan, en un contexto social cada vez más complejo”.

Una ley para respuestas automáticas

El proyecto presentado por el bloque Hechos – UCR Identidad propone que las acciones de contingencia se activen de manera automática cuando el Servicio Meteorológico Nacional emita avisos dentro del Sistema de Alertas Tempranas para la provincia de Buenos Aires o alguna de sus regiones.

También habilita a la autoridad de aplicación a ampliar la respuesta preventiva cuando las condiciones locales lo requieran, incluso si no existe una alerta nacional vigente.

La comunicación oficial de las alertas debería realizarse de inmediato a los 135 municipios bonaerenses mediante canales institucionales y sistemas digitales de emergencia. Una vez recibida la notificación, las comunas tendrían que activar los protocolos en un plazo máximo de dos horas para alertas amarillas y de una hora para alertas naranjas o rojas.

El texto crea, además, un Operativo Frío Extremo, que se pondría en marcha cuando la temperatura o sensación térmica sea igual o inferior a 5 grados a las 10 de la mañana. También establece un Operativo Calor Extremo, previsto para temperaturas o sensaciones térmicas superiores a 35 grados durante dos días consecutivos.

Centros climatizados, asistencia sanitaria y datos oficiales

Entre las medidas previstas por el proyecto figuran unidades móviles sanitarias y sociales, centros climatizados, puntos de hidratación urbana y rural, alimentos hiperproteicos, insumos preventivos y alojamiento extraordinario mediante convenios con organizaciones de la sociedad civil.

La iniciativa también apunta a un punto clave: la falta de estadísticas oficiales sistemáticas, georreferenciadas y actualizadas sobre personas en situación de calle. Para eso, propone indicadores obligatorios, monitoreo permanente, informes anuales de gestión y la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Climática Social, destinado a garantizar financiamiento estable.

Para los legisladores impulsores, la problemática no puede abordarse únicamente desde una perspectiva asistencial o caritativa, sino desde derechos fundamentales como la vida, la salud, la dignidad humana, la integridad física y el acceso a condiciones mínimas de subsistencia.

“La indiferencia estatal frente a situaciones de extrema vulnerabilidad no puede naturalizarse ni quedar librada a respuestas improvisadas o voluntaristas. El Estado tiene el deber jurídico, ético y político de actuar anticipadamente para proteger la vida y la dignidad humana”, remarcaron.