Buenos Aires pidió frenar el ingreso de 18 barcos para pescar calamar y alertó por el impacto en Mar del Plata  

El gobierno bonaerense salió a frenar la ampliación de la flota potera y pidió revocar la resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero, que habilita un proceso para sumar hasta 18 nuevos buques a la pesca de calamar Illex argentinus. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, presentó un recurso de reconsideración y exigió que se suspenda la medida hasta que haya estudios científicos, técnicos y ambientales que garanticen que no se compromete la sustentabilidad del recurso.

En la presentación, Rodríguez denunció irregularidades en el tratamiento de la norma. Según planteó, el proyecto se incorporó, trató y votó en la misma reunión del CFP, sin que los integrantes tuvieran toda la documentación necesaria para analizarlo. Además, sostuvo que la resolución carece de fundamentos científicos que justifiquen ampliar la capacidad extractiva. No hay estudios específicos sobre el impacto que tendría sumar embarcaciones en los distintos stocks de calamar del Mar Argentino, ni análisis que midan los riesgos para la conservación de la especie.

Cruce por los informes del INIDEP  
La resolución cuestionada se apoya en un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. El INIDEP concluyó que un aumento moderado de la flota nacional no pondría en riesgo la sustentabilidad y permitiría que Argentina gane participación en una pesquería donde hoy operan flotas extranjeras en aguas adyacentes. La convocatoria exige que las empresas tengan plantas de procesamiento en tierra o convenios con establecimientos habilitados, y comprometan un reprocesamiento mínimo del 20% de las capturas en el país. Cada firma puede postular hasta dos buques, con límites de antigüedad y capacidad. El CFP estima que la medida generaría unos 600 empleos directos a bordo y un impacto positivo en la cadena industrial en tierra.

Provincia denuncia discriminación y riesgo ambiental  
Para Buenos Aires, la medida viola el principio precautorio de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Rodríguez remarcó que cuando hay incertidumbre científica sobre posibles daños, se debe actuar con prudencia y proteger el recurso, no expandir la explotación. También apuntó contra el sistema de puntuación territorial. La resolución otorga 30 puntos a proyectos que desembarquen en Tierra del Fuego, 25 en Santa Cruz, 20 en Chubut, 15 en Río Negro y sólo 10 en Buenos Aires, sin fundamentos técnicos que justifiquen la diferencia.

Según la Provincia, el esquema deja en desventaja a Mar del Plata, principal polo pesquero e industrial del país. Los proyectos bonaerenses deberían afrontar mayores costos e inversiones para igualar el puntaje de otras jurisdicciones. Buenos Aires votó en contra de la iniciativa en el CFP y ratificó su rechazo por considerar que afecta el régimen federal de pesca, la igualdad entre provincias y la sustentabilidad marina.

Por eso, Rodríguez solicitó que se deje sin efecto la resolución 6/2026 o, en su defecto, que se suspenda su aplicación hasta contar con evidencia científica suficiente que asegure la conservación y uso racional del calamar.