Natalia Sánchez Jauregui apuntó contra la naturalización del trabajo infantil

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Natalia Sánchez Jauregui, secretaria de Organización de UATRE y cosecretaria de la Secretaría de Protección a la Niñez de la CGT, renovó el reclamo por el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar toda forma de explotación infantil. La dirigente puso especial énfasis en la situación de niños, niñas y adolescentes que viven en zonas rurales, donde esta problemática suele permanecer invisibilizada o naturalizada bajo la idea de “ayuda familiar”.
Sánchez Jauregui advirtió que el trabajo infantil continúa afectando a millones de niños y niñas en el mundo. En ese sentido, citó los últimos datos difundidos por la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF, que estiman que 138 millones de menores se encuentran en situación de trabajo infantil, mientras que 54 millones realizan tareas peligrosas que ponen en riesgo su salud, su seguridad y su desarrollo integral.
La referente gremial remarcó además que la agricultura sigue siendo el sector con mayor incidencia, ya que concentra alrededor del 61% de los casos a nivel global. Según sostuvo, en las áreas rurales el trabajo infantil suele quedar oculto detrás de dinámicas familiares, económicas y culturales que terminan encubriendo situaciones de pobreza, desigualdad y vulneración de derechos.
“Estas cifras adquieren una dimensión aún más preocupante cuando observamos lo que ocurre en las zonas rurales, donde el trabajo infantil suele permanecer oculto y naturalizado”, afirmó Sánchez Jauregui.

El foco en las zonas rurales
La secretaria de Organización de UATRE planteó que la realidad de las infancias rurales exige una mayor presencia estatal y políticas específicas que permitan detectar, prevenir y erradicar estas situaciones. En ese marco, señaló que las desigualdades territoriales y sociales profundizan la exposición de niños, niñas y adolescentes a formas de trabajo que afectan su escolaridad, su salud y sus posibilidades de desarrollo.
Sánchez Jauregui también hizo referencia a la situación argentina y recordó que, durante la reciente Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT instó al Gobierno nacional a fortalecer la inspección laboral, garantizar el diálogo social y avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de derechos laborales.
Para la dirigente, la erradicación del trabajo infantil no puede quedar librada a declaraciones formales, sino que requiere recursos, controles, protección social y políticas públicas sostenidas. En particular, reclamó una mayor intervención del Estado en los territorios donde la pobreza y la precariedad laboral de las familias empujan a las infancias a asumir tareas que no les corresponden.
 

Contra los discursos que justifican la explotación infantil
Sánchez Jauregui expresó además su preocupación por la circulación de discursos que buscan justificar el trabajo infantil como una alternativa frente a la pobreza. En ese sentido, cuestionó las recientes referencias públicas a la obra Defendiendo lo indefendible, del economista Walter Block, que plantea la flexibilización de la prohibición del trabajo infantil.
“Ningún argumento económico o ideológico puede estar por encima de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, sostuvo la dirigente gremial. Y agregó que “el trabajo infantil no constituye una elección libre, sino la consecuencia de desigualdades que deben abordarse mediante políticas públicas, educación, protección social y trabajo digno para las familias”.
En esa línea, Sánchez Jauregui remarcó que el debate no puede presentarse como una discusión abstracta o ideológica, ya que involucra derechos fundamentales. También recordó que Argentina ratificó los Convenios 138 y 182 de la OIT y cuenta con legislación que prohíbe el trabajo infantil antes de los 16 años.
“No se trata de una discusión teórica ni de una opinión; el trabajo infantil constituye una vulneración de derechos que afecta el desarrollo integral de niños y niñas y compromete su presente y su futuro”, señaló.

Reclamo al Gobierno nacional
Finalmente, la dirigente gremial reclamó al Gobierno nacional el fortalecimiento de las políticas de protección de la niñez, la asignación de recursos para la prevención y erradicación del trabajo infantil y el cumplimiento efectivo de las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales.
“La infancia debe ser una prioridad indelegable del Estado. Tenemos la responsabilidad de construir una sociedad donde todos los niños y niñas puedan crecer, aprender, jugar y desarrollarse plenamente, libres de cualquier forma de explotación”, concluyó Sánchez Jauregui.