Avanza la causa contra "el otro" Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

La investigación judicial contra el diputado bonaerense Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito sumó nuevas medidas de prueba en las últimas horas, luego de que la Justicia realizara un procedimiento en el Ministerio de Defensa de la Nación para incorporar documentación vinculada a su paso por distintos cargos públicos desde 2023.

La causa es impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán y cuenta con intervención del juez federal Sebastián Casanello. El expediente busca reconstruir la evolución patrimonial del hermano del vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

Según la presentación que dio origen a la investigación, el patrimonio de Francisco Adorni habría registrado un incremento del 84% en un año. Por eso, la Justicia avanzó con una serie de pedidos de información destinados a determinar si ese crecimiento encuentra respaldo en sus ingresos declarados, bienes registrados y movimientos bancarios.

La documentación requerida

Durante el procedimiento ordenado en el Ministerio de Defensa, la Justicia incorporó legajos, historial de sueldos, designaciones y documentación relacionada con las funciones que Adorni desempeñó en la administración nacional.

Antes de asumir su banca en la Legislatura bonaerense por La Libertad Avanza, Francisco Adorni ocupó cargos en áreas del Ministerio de Defensa durante la gestión de Luis Petri. En diciembre de 2023 fue designado al frente de la Unidad de Auditoría Interna de esa cartera y, posteriormente, en junio de 2025, pasó a conducir el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, conocido como IAF.

En ese marco, el fiscal Marijuán consideró “indispensable” reunir información sobre funciones, designaciones e ingresos percibidos durante su paso por distintos organismos estatales.

Se levantó el secreto fiscal y bancario

Entre las medidas dispuestas también se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador provincial. La Justicia pidió información a más de 30 organismos públicos, entre ellos ARBA, AGIP y ARCA, con el objetivo de cruzar datos patrimoniales, tributarios y financieros.

Además, se solicitaron las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Adorni ante los organismos correspondientes, así como reportes sobre bienes, movimientos y eventuales inconsistencias entre los ingresos declarados y el crecimiento patrimonial señalado en la denuncia.

La investigación también incluye pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer los viajes realizados por el diputado, sus destinos y posibles acompañantes en cruces terrestres. La Justicia busca completar así un mapa más amplio sobre sus movimientos personales y patrimoniales durante el período bajo análisis.

La explicación de la defensa

En medio del avance de la causa, el abogado de Francisco Adorni, Marcelo Peña, rechazó las acusaciones y sostuvo que las inconsistencias detectadas responden a una omisión administrativa ya corregida.

“Se puede tener una carga defectuosa de declaración jurada, una omisión, un error, que se subsana. En este caso así sucedió”, afirmó el letrado en declaraciones televisivas.

Peña aseguró además que su defendido “se presentó en forma espontánea” y remarcó que “nunca fue imputado”. En esa línea, afirmó que el patrimonio de Adorni está “bancarizado, registrado, identificado y económicamente explicable”.

“No hay nada que ocultar, no hay delito. La cuestión administrativa ya está subsanada y no tengo dudas de que la causa va a ser desestimada”, sostuvo el abogado.

Como parte de su argumentación, mencionó la existencia de un crédito de 60 millones de pesos solicitado por el legislador, que aún se encuentra vigente y no fue cancelado. Para la defensa, ese elemento permitiría explicar parte de las diferencias observadas en la evolución patrimonial.

El expediente contra Francisco Adorni tramita de manera independiente de otra investigación judicial que involucra a Manuel Adorni, jefe de Gabinete y figura central de la comunicación del Gobierno nacional. Esa causa se encuentra en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

En el caso del diputado bonaerense, la investigación se concentra en determinar si existió un crecimiento patrimonial injustificado durante su paso por la función pública nacional y antes de su desembarco en la Legislatura bonaerense.