Durante un plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas en la Cámara de Diputados de la Nación, referentes del sector textil advirtieron por una caída histórica de la actividad. Según datos del Observatorio de la Industria de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), desde noviembre de 2023 cerraron 724 empresas textiles producto de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.
El informe presentado en el Congreso señaló que la parálisis productiva y la política de apertura de importaciones provocaron el cierre de esas 724 fábricas entre diciembre de 2023 y la fecha del encuentro. Empresarios y cámaras del sector expusieron ante los legisladores y alertaron por la destrucción masiva de capacidades productivas en todo el país. El titular de la comisión de Comercio, el diputado Juan Brügge, abrió la reunión subrayando la gravedad del relevamiento técnico.
Las cifras expuestas muestran que la industria textil y del calzado lideran la merma de establecimientos fabriles. En un contexto general, ya se perdieron más de 26.000 PyMEs en todos los rubros de la economía nacional, según los datos que se expusieron durante el plenario.
El relevamiento de la UTN, basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, indicó que el número total de empresas activas en Argentina descendió a 488.177. Esa cifra coloca al entramado productivo cerca del piso histórico de 486.782 unidades alcanzado en septiembre de 2021, durante el punto más crítico del aislamiento por la pandemia de Covid-19.
El estudio marca una diferencia sustancial entre ambos períodos. Mientras en 2021 el factor de cierre fue sanitario, en la actualidad la destrucción responde a una combinación de políticas de libre importación, recesión y una caída abrupta del consumo interno. El sector fabril perdió 3.025 fábricas en términos globales, y el rubro textil y de calzado fue el más golpeado con las 724 unidades mencionadas por Brügge, aunque el informe general de la UTN eleva la cifra del rubro a 753 si se incluye calzado.
Los representantes de las cámaras empresarias describieron una situación de asfixia terminal. Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, dijo que “a veces pienso que a los textiles nos hacen bullying”. Señaló que las ventas cayeron un 33% y que la presión impositiva, que grava las ventas en un 42%, impide cualquier posibilidad de mejora salarial o inversión. Daniela Rabinovich, titular de la Federación de Indumentarias y Afines, remarcó que el sector no pide privilegios sino condiciones razonables para competir y destacó el valor estratégico de la confección por su capacidad de generar empleo federal e inclusivo.
Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación Pro Tejer, denunció que la industria es víctima de una “usura de la patria financiera” y reclamó un rol activo del Estado para frenar el deterioro social derivado de la crisis. La competencia con las plataformas de comercio electrónico chinas también estuvo en el debate. Carolina Carregal, gerenta de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, contrastó la situación local con las tendencias mundiales y subrayó que mientras México, Brasil y países de la Unión Europea suben aranceles o controles a la producción asiática, Argentina optó por bajarlos.
El debate en comisiones tuvo fuertes cruces políticos. Diputados del oficialismo y del PRO cuestionaron los reclamos y tildaron al sector de estar “sobreedulcorado” con proteccionismo estatal o lo acusaron de evasión fiscal. Empresarios como Leo Bilansky rechazaron esas posturas y responsabilizaron directamente al DNU 70/23 y a la Ley Bases por la situación. Junto a Carlos Volpe, Carlos Elizalde, Federico Rodríguez y Eduardo Levy, exigió el tratamiento urgente de una Ley de Emergencia PyME. El plenario cerró con la advertencia de que la capacidad instalada en las fábricas textiles oscila entre el 27% y el 32%, y el reclamo de medidas que “saquen la soga del cuello” a las empresas que aún resisten.