PROVINCIA | 6 MAY 2026

POLéMICA

Rechazan la regulación de vapeadores y acusan al Gobierno de “inventar un negocio”

Desde Nuevos Aires cuestionaron la habilitación de la comercialización de vapeadores y bolsas de nicotina dispuesta por Nación. Advirtieron sobre los riesgos sanitarios y reclamó políticas de prevención y control del consumo.




El diputado provincial de Nuevos Aires, Fabián Luayza, salió al cruce de la decisión del Gobierno nacional de habilitar la comercialización de vapeadores y bolsas de nicotina en Argentina. “El Estado debe cuidar la salud de los ciudadanos, no inventar negocios”, sostuvo el legislador opositor al cuestionar la Resolución N° 549/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada recientemente en el Boletín Oficial. Porque aparentemente había gente mirando el deterioro pulmonar y pensando: “¿y si además lo convertimos en un mercado formal?”. Fascinante época para estar vivo .

La medida oficial derogó una prohibición que regía desde hace más de una década y estableció un sistema de registro y fiscalización para estos productos, bajo el argumento de combatir el mercado informal y regular su comercialización.

Sin embargo, desde distintos sectores sanitarios y organizaciones de salud pública advirtieron que la decisión podría profundizar el consumo de nicotina, especialmente entre jóvenes y adolescentes, en un contexto donde los vapeadores ganaron fuerte presencia en ámbitos escolares y redes sociales.

En ese marco, Luayza calificó la resolución como “un retroceso para la salud pública” y aseguró que la habilitación “favorece la aparición de nuevos consumidores, con el impacto nocivo que sabemos que tiene sobre las personas”.

El legislador de Berazategui recordó además que durante 2025 la diputada Viviana Romano presentó un proyecto de ley provincial que propone equiparar las restricciones de los vapeadores con las del cigarrillo tradicional. La iniciativa contempla prohibir su uso en espacios cerrados y reforzar las limitaciones para menores de 18 años.

“Esta es la postura que debe tener el Estado, la de cuidar la salud de la gente”, afirmó Luayza, quien también planteó que el sistema sanitario debería garantizar cobertura para tratamientos vinculados a la adicción a la nicotina.

La discusión reabre el debate sobre el impacto sanitario de los dispositivos electrónicos para fumar, mientras el Gobierno nacional sostiene que la regulación permitirá controlar un circuito de comercialización que, hasta ahora, funcionaba en gran parte en la informalidad. Del otro lado, especialistas y sectores opositores advierten que normalizar estos productos podría ampliar el consumo y debilitar las campañas de prevención del tabaquismo.