Milei vuelve a la carga contra la Zona Fría y pone en alerta a más de 90 municipios bonaerenses

El Gobierno de Javier Milei volvió a abrir un frente de conflicto con las provincias al enviar al Congreso un proyecto de ley que busca modificar de manera profunda el régimen de Zona Fría, el sistema de subsidios que reduce el costo del gas en regiones con bajas temperaturas. La iniciativa impactaría de lleno en la provincia de Buenos Aires, donde más de 90 municipios podrían perder parte del beneficio incorporado en 2021.

El nuevo texto oficial propone mantener el subsidio pleno únicamente para las regiones históricamente contempladas por el régimen original: la Patagonia, la Puna y Malargüe. En cambio, para las ciudades incorporadas durante la ampliación sancionada bajo la Ley 27.637, el beneficio quedaría restringido solo a hogares considerados vulnerables dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En términos concretos, localidades bonaerenses como Bahía Blanca, Mar del Plata, Pehuajó y Balcarce y otras decenas más podrían sufrir un fuerte incremento en las tarifas de gas para amplios sectores de clase media que hoy cuentan con descuentos por zona climática.

El Ejecutivo justificó la medida argumentando que la ampliación aprobada en 2021 “desnaturalizó” el sistema original y elevó significativamente el costo fiscal. Según el mensaje enviado al Parlamento, el esquema actual genera “subsidios cruzados” financiados por todos los usuarios del país y debe limitarse a “zonas de efectiva severidad climática”.

Además, el proyecto introduce un cambio clave en la forma de cálculo del beneficio: el descuento ya no se aplicaría sobre el total de la factura, sino únicamente sobre el precio del gas. Traducido al castellano de tecnócrata fiscalista, significa que incluso quienes mantengan subsidios podrían terminar pagando más. Porque en Argentina siempre hay una ingeniería administrativa para transformar una “readecuación” en un golpe palaciego al bolsillo. 

El régimen de Zona Fría nació en 2002 mediante la Ley 25.565 y originalmente alcanzaba a usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe. Sin embargo, en 2021 el Congreso aprobó una ampliación que incorporó a más de 3 millones de hogares en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, bajo el argumento de que también atraviesan inviernos con elevado consumo energético.

En la provincia de Buenos Aires, la discusión rápidamente escaló al plano político. El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, reclamó públicamente que el Gobierno “recapacite” y sostuvo que “no es un momento para sacar el subsidio del gas”. También cuestionó la falta de envío de fondos nacionales destinados a obras viales e infraestructura hidráulica para la ciudad tras la catástrofe climática que sufrió el distrito recientemente.

“Bahía debe mantener el subsidio de zona fría para los consumos de gas”, expresó el jefe comunal en sus redes sociales, donde además remarcó que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles “nunca llegaron” a la ciudad pese a estar previstos por ley.

En la misma línea, el intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, lanzó duras críticas contra la Casa Rosada. “En su afán por destruir los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires, también se mete con todos los provincianos”, afirmó, y advirtió que eliminar el beneficio representaría “algo muy duro” para localidades del interior bonaerense donde el invierno obliga a un uso intensivo del gas.

Zurro recordó además que la ampliación del régimen había sido impulsada por el diputado nacional Máximo Kirchner y aseguró que el nuevo proyecto implicaría retroceder en derechos adquiridos por millones de usuarios.

En Balcarce, el concejal Gabriel Petruccelli presentó un proyecto de resolución para rechazar cualquier intento de eliminación del régimen. Allí sostuvo que el acceso al gas “no constituye un beneficio discrecional sino un derecho básico”, vinculado a la salud y la calidad de vida de la población.

Según estimaciones difundidas en ese distrito, la quita del beneficio podría provocar aumentos cercanos al 30% en las facturas de gas. Un porcentaje que, dicho rápido desde una oficina calefaccionada en Buenos Aires, parece una planilla Excel. Dicho frente a una estufa prendida en julio, es otra cosa bastante menos elegante.

El proyecto oficial también vuelve a exponer la dificultad del Gobierno nacional para construir mayorías parlamentarias. No es la primera vez que intenta avanzar sobre la Zona Fría. Ya lo había hecho durante el debate del Presupuesto 2026 y anteriormente en las primeras versiones de la Ley Bases, aunque en ambos casos encontró resistencia legislativa.

Ahora, el escenario vuelve a presentarse como un nuevo frente de batalla con gobernadores y legisladores de provincias beneficiadas por la ampliación de 2021 que anticipan resistencia a una medida que impacta directamente sobre millones de usuarios residenciales en un contexto de caída del poder adquisitivo y fuerte incremento de tarifas.