La diputada nacional de Unión por la Patria, Soledad Alonso, expresó un fuerte rechazo a la Resolución 315/2026 que crea el Régimen de Incentivo para la Formalización Laboral (RIFL), al considerar que la medida implica “un subsidio a empleadores que se financia con la plata de los jubilados”.
La normativa, publicada en el Boletín Oficial, establece una reducción significativa de las contribuciones patronales durante los primeros cuatro años de contratación. En concreto, fija alícuotas del 2% para jubilaciones, asignaciones familiares y el Fondo Nacional de Empleo, y del 3% para el PAMI.
Para Alonso, el esquema no constituye un incentivo neutral sino una transferencia directa de recursos. “El empleador pasa a pagar apenas un 2% para componentes centrales del sistema de seguridad social y un 3% para el PAMI. Esto no es un incentivo neutro: es una transferencia de recursos desde el sistema previsional hacia el sector privado”, sostuvo.
La legisladora también advirtió sobre los posibles efectos en el mercado laboral. Según planteó, la reducción de costos laborales podría derivar en mayor rotación y precarización. “Primero abarataron despidos, ahora incentivan reemplazos más precarios. Este régimen no garantiza empleo genuino, sino rotación y mayor fragilidad laboral”, afirmó.
En esa línea, alertó sobre el impacto estructural de la medida en organismos como la ANSES y el PAMI. “Menos aportes hoy son menos derechos mañana. Se debilita el financiamiento en un contexto donde ya están bajo presión. El costo no desaparece: se traslada a los trabajadores y a los jubilados”, señaló.
Alonso enmarcó sus críticas en el contexto actual del empleo, marcado por la caída del trabajo registrado. “En un escenario donde ya se perdieron más de 300.000 empleos asalariados registrados, pretender que la solución es bajar aportes es, como mínimo, un disparate. No hay una política real de cuidado del trabajo”, sostuvo.
Además, cuestionó aspectos específicos del régimen que, según indicó, podrían fomentar esquemas laborales fragmentados. “El propio sistema permite que el trabajador mantenga otros ingresos sin que el empleador pierda el beneficio. Esto puede terminar consolidando formas de empleo más inestables, en lugar de promover trabajo formal pleno”, advirtió.
Finalmente, la diputada planteó la necesidad de redefinir la estrategia en materia laboral. “El verdadero fomento al empleo pasa por políticas que protejan los puestos de trabajo, impulsen la producción y generen nuevas oportunidades. No por la apertura indiscriminada de importaciones que destruye la industria nacional”, afirmó. Y concluyó: “Sin industria ni derechos laborales, no hay futuro. El camino es producción, trabajo y justicia social”.