PROVINCIA | 30 ABR 2026

COMUNICADAS

Abogadas penalistas advierten sobre discursos que desalientan denuncias de violencia contra menores

Desde La Plata, profesionales del derecho cuestionaron el enfoque polarizado del debate público y recordaron que ante la sospecha de abuso o maltrato la ley obliga a denunciar, sin necesidad de pruebas concluyentes.




Un colectivo de abogadas penalistas de La Plata expresó su preocupación por el modo en que se viene desarrollando el debate público en torno a las denuncias por situaciones de violencia, especialmente aquellas que involucran a niñas, niños y adolescentes. A través de un comunicado, advirtieron que ciertos enfoques discursivos pueden generar efectos contraproducentes y desalentar la formulación de denuncias.

Según plantearon, la discusión no debería quedar atrapada en una lógica binaria o de confrontación que termina por invisibilizar lo esencial: la protección integral de las infancias. En ese sentido, subrayaron que el eje debe estar puesto en garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan vivir libres de violencia, y en asegurar que toda sospecha de vulneración de derechos sea debidamente atendida por los organismos competentes.

Las profesionales recordaron además un principio básico del sistema jurídico que, según señalaron, hoy resulta necesario reiterar: ante la sospecha de maltrato o abuso, corresponde realizar la denuncia conforme a lo establecido por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este estándar no exige certeza ni pruebas concluyentes por parte de quien denuncia.

“No es función de quien denuncia probar los hechos”, enfatizaron, al tiempo que remarcaron que esa responsabilidad recae en la Justicia, el Ministerio Público y los equipos técnicos especializados. En ese marco, consideraron especialmente preocupante la instalación de discursos que sugieren que, sin pruebas suficientes, toda denuncia sería infundada.

Desde su perspectiva, esa lógica no solo es jurídicamente incorrecta, sino que además implica trasladar una carga indebida sobre quien denuncia, lo que puede desalentar la detección temprana de situaciones de violencia. “Estos planteos son nocivos”, señalaron, al advertir que terminan exponiendo aún más a niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, el colectivo convocó a construir consensos que superen las posiciones polarizadas y coloquen en el centro del debate a quienes deben ser prioridad. “Defender el derecho a denunciar frente a la sospecha es indispensable para prevenir, investigar y erradicar la violencia”, concluyeron.