El campo presiona por los piquetes en Quequén y exige intervención urgente del Estado

La continuidad de los piquetes de transportistas en la zona del puerto de Quequén volvió a encender la tensión dentro de la cadena agroindustrial, en un momento especialmente sensible por el desarrollo de la cosecha gruesa. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa expresó su “profunda preocupación” por el impacto económico que ya comienza a evidenciarse en el comercio de granos.

El conflicto, que se extiende por más de dos semanas, está generando dificultades concretas para completar cargas en los puertos bonaerenses, particularmente en Quequén, uno de los nodos clave para la exportación. Según advirtió la entidad rural, esta situación ya provocó el desvío de buques hacia otras terminales, con pérdidas que se multiplican a lo largo de toda la cadena productiva.

Desde la organización que conduce Ignacio Kovarsky, alertaron que el escenario no solo afecta de manera directa a los productores, sino que también pone en riesgo la credibilidad comercial del país frente a los mercados internacionales. En ese sentido, remarcaron que la interrupción del flujo logístico en plena campaña agrícola genera un daño que trasciende lo coyuntural.

El reclamo central del ruralismo apunta a la intervención inmediata del Estado. Carbap instó tanto a las autoridades provinciales como nacionales a garantizar la libre circulación del transporte de granos y a resguardar el derecho al trabajo de quienes no adhieren a las medidas de fuerza.

En un tono más duro, la entidad denunció que el normal funcionamiento del comercio y de los puertos está siendo condicionado por “una minoría” que, mediante intimidaciones y hechos de violencia, impide el desarrollo de la actividad. La acusación eleva el conflicto desde una disputa sectorial a un problema de orden público.

“El país no puede permitirse que la producción quede rehén de prácticas extorsivas”, señalaron desde Carbap, al tiempo que subrayaron que es responsabilidad del Estado garantizar el orden, la libre circulación y el cumplimiento de la ley.