Bloquearán celulares en cárceles federales para impedir delitos desde los penales

El Gobierno nacional oficializó una nueva medida para reforzar el control en cárceles federales y frenar la coordinación de delitos desde el interior de los penales. A través del Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad autorizó la instalación de sistemas tecnológicos para detectar y bloquear teléfonos celulares en todas las unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 336/2026, que habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI. El objetivo, según la norma, es “impedir el uso indebido de equipos de comunicación móvil” dentro de las unidades, una práctica que está prohibida por la normativa vigente pero que persiste en distintos establecimientos.

Entre los fundamentos, el Ministerio sostuvo que el uso de celulares por parte de personas privadas de su libertad permite a organizaciones criminales “planificar y coordinar maniobras ilícitas” desde el interior de los penales. La medida busca cortar esa vía de comunicación y reforzar las estrategias de prevención y control intramuros para proteger la seguridad pública.

El esquema aprobado prevé la instalación de tecnología específica para identificar dispositivos activos en zonas restringidas de las cárceles. Una vez detectados, se avanzará con el bloqueo a través de las empresas de telecomunicaciones. La resolución instruye a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa, a gestionar la compra, instalación y mantenimiento de los sistemas.

Uno de los puntos centrales es que la tecnología no deberá afectar áreas externas a los establecimientos penitenciarios. La norma establece que los dispositivos de detección e inhibición deben estar calibrados para operar únicamente dentro del perímetro de los penales, de modo de no interferir con las comunicaciones de los vecinos o zonas aledañas.

Junto con la autorización, se aprobó un manual de procedimiento que fija los pasos para la detección, solicitud y ejecución del bloqueo. El documento establece plazos y responsabilidades: entre otros puntos, las compañías de telefonía deberán confirmar la inhabilitación de los dispositivos detectados en un plazo máximo de 48 horas desde el requerimiento oficial.

La implementación y supervisión del sistema quedará a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Ese organismo trabajará en coordinación con el Servicio Penitenciario Federal y con las empresas del sector de telecomunicaciones para garantizar la operatividad del bloqueo en todas las unidades federales.

La resolución se enmarca en las políticas de seguridad que buscan limitar la capacidad operativa de bandas que actúan desde las cárceles. El Gobierno remarcó que el uso de teléfonos móviles en contextos de encierro está prohibido y que esta tecnología viene a reforzar controles ya existentes, apuntando a cortar la logística delictiva que se planifica desde los penales.