Denuncian penalmente al intendente de San Pedro por presunta retención de aportes de trabajadores municipales

El conflicto entre el Ejecutivo municipal de San Pedro y los trabajadores sumó un nuevo capítulo de máxima tensión: el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) presentó una denuncia penal contra el intendente Cecilio Salazar por la presunta retención indebida de aportes sindicales descontados a los empleados.

Según la acusación que dio a conocer el portal Política del Sur, durante meses el municipio habría realizado descuentos en los salarios de los trabajadores que nunca fueron transferidos al gremio, pese a que su rol se limita al de agente de retención. La denuncia también alcanza al secretario de Hacienda, Roberto Borgo, y a la contadora municipal Mariana Josa, señalados como partícipes necesarios en la maniobra.

El monto involucrado no es menor. De acuerdo a estimaciones sindicales, la cifra ya se acerca a los 200 millones de pesos, lo que agrava el cuadro no solo desde el punto de vista económico, sino también institucional. En términos legales, el hecho podría configurar delitos como estafa, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Desde el STM sostienen que la situación tuvo además un correlato directo en el funcionamiento del gremio. La falta de transferencia de los aportes habría generado un intento de asfixia financiera, afectando su capacidad operativa y su rol de representación.

En ese marco, el secretario general del sindicato, Juan Cruz Acosta, denunció una persecución personal: asegura que hace meses no percibe su salario tras haber encabezado medidas de fuerza. Para el gremio, se trata de una represalia directa por la conflictividad laboral.

El conflicto arrastra antecedentes. A pesar de las presentaciones realizadas ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, conducido por Walter Correa, no se registraron avances concretos que permitieran encauzar la situación, lo que finalmente derivó en la judicialización del caso.

En paralelo, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) viene alertando sobre prácticas similares en distintos distritos y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de crear un Consejo del Salario Municipal que garantice mayor transparencia en las relaciones laborales.

Mientras tanto, crece la incertidumbre sobre el destino de los fondos retenidos y se profundiza el deterioro del vínculo entre el Ejecutivo local y los trabajadores. La causa ya quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades en un caso que trasciende lo económico y pone en discusión los límites del poder municipal y el respeto a la libertad sindical.