La Justicia falló contra tasas municipales y el campo salió a respaldar

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su respaldo a recientes decisiones judiciales que declararon ilegítimo el cobro de tasas municipales destinadas a la red vial rural en distintos distritos.

Los fallos apuntan a la falta de mantenimiento en caminos de partidos como Daireaux, Azul y Carlos Casares. Los magistrados entendieron que no existe una contraprestación efectiva que justifique el tributo.

“Estos pronunciamientos consolidan principios básicos que CARBAP viene sosteniendo desde hace años: una tasa sólo puede ser exigida cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable. Cuando ello no ocurre, el tributo se transforma en un impuesto encubierto, violando garantías constitucionales esenciales”, afirmó el organismo.

Desde la entidad, presidida por Ignacio Kovarsky, señalaron que la problemática se repite en varios municipios. Productores continúan pagando tasas sin que se garantice un adecuado estado de los caminos.

Un informe de Comunidad Rural Carlos Casares advirtió sobre la situación crítica de la red vial. El relevamiento indicó que el 100% de los caminos analizados presenta pozos y que el 76% fue calificado como malo, frente al 53,4% registrado en 2023.

En cuanto a la transitabilidad, apenas el 8% de los caminos puede utilizarse durante todo el año. El 92% restante presenta períodos de inoperatividad, en una región atravesada por la producción agropecuaria y afectada por inundaciones recientes.

“El campo no rehúye sus obligaciones. Por el contrario, exige reglas claras, transparencia en el uso de los recursos y una correspondencia real entre lo que se paga y lo que se recibe”, remarcaron desde CARBAP.

Además, agregaron: “Entendemos que estos fallos no scólo resuelven casos particulares, sino que envían una señal institucional contundente: la presión fiscal no puede sostenerse al margen de la legalidad ni desligada de la prestación efectiva de servicios”.

Finalmente, advirtieron que “la red vial rural es una herramienta clave para la producción, la educación, la salud y el arraigo”, pero que “el deterioro de los caminos no puede convivir con niveles crecientes de carga tributaria”. Y concluyeron: “La judicialización de estos conflictos, lejos de ser el camino ideal, es la consecuencia de la falta de respuesta concretas”.