La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciares, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.
La sesión fue tensa y se prolongó por más de 11 horas, con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en uno de los balcones del recinto. La oposición intentó incorporar varios proyectos al temario, pero no obtuvo el respaldo suficiente.
El diputado José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, destacó la audiencia pública realizada en marzo, que contó con la participación de cientos de expositores. Sin embargo, la oposición cuestionó el formato restrictivo de la audiencia y advirtió sobre la judicialización de la reforma.
La diputada Adriana Serquis, de Unión por la Patria, criticó el proyecto y advirtió que se están basando en datos no científicos. "El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo, simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva", sostuvo.
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reafirmó que su espacio político está a favor de la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, pero en contra de la reforma que transfiere facultades a las provincias.
La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, sostuvo que "el debate propuesto respecto a la reforma de la Ley de Glaciares es tan deshonesto como el gobierno de Milei, tan mentiroso como su relato".
El diputado Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, aseguró que su espacio político defenderá el agua y denunciará a los que responden a los monopolios mineros.
La reforma cuenta con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques aliados, mientras que la oposición está liderada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
La ley vigente desde 2010 establece la protección de los glaciares y zonas periglaciares, y prohíbe la actividad minera y petrolera en esas áreas. La reforma busca actualizar la ley y permitir la explotación de recursos en zonas periglaciares.
La oposición advierte que la reforma es inconstitucional y regresiva, y que puede traer conflictos interjurisdiccionales. El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma es necesaria para promover la inversión y el desarrollo económico.
La votación finalizó con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La ley será enviada al Senado para su tratamiento.
La reforma a la Ley de Glaciares es un tema controvertido que ha generado debate y movilización en la sociedad argentina. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para promover la inversión y el desarrollo económico, la oposición advierte que puede tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las comunidades. El futuro de la ley es incierto, pero lo que es seguro es que el debate continuará.