Menos colectivos, más espera: crece la preocupación por el deterioro del transporte en el AMBA

Como si viajar en colectivo ya no fuera suficientemente incómodo, ahora también se volvió más incierto. En medio de un contexto de suba constante de los combustibles, las empresas de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires comenzaron a reducir de manera significativa la frecuencia de los servicios, generando demoras, unidades colapsadas y un impacto directo en millones de usuarios.

La situación encendió alarmas en la Legislatura bonaerense. El diputado Fabián Luayza, representante de Berazategui, presentó un proyecto de preocupación en el que advierte sobre el deterioro del sistema y apunta directamente a una variable clave: el precio del gasoil. “Los usuarios de los colectivos no tienen la culpa que suba el precio del gasoil todo el tiempo”, expresó el legislador, marcando el eje del conflicto.

En el texto, Luayza sostiene que la problemática “afecta gravemente la movilidad cotidiana de millones de usuarios, en particular trabajadores y estudiantes”, quienes dependen del transporte público para sostener su rutina diaria. La reducción de frecuencias no solo implica más tiempo de espera, sino también una sobrecarga en las unidades disponibles, lo que deriva en viajes más incómodos y un servicio cada vez más deteriorado.

El trasfondo del conflicto combina varios factores: aumentos cercanos al 20% en el combustible durante el último mes, la falta de actualización de los mecanismos de financiamiento del sistema y la reducción del acceso al gasoil subsidiado. Frente a este escenario, las empresas optaron por ajustar la oferta, trasladando el problema directamente a los usuarios.

“Como consecuencia directa, las empresas tomaron la decisión de realizar una disminución significativa en la frecuencia del servicio”, explicó el legislador, quien además advirtió sobre un “deterioro general en la calidad del transporte público”.

El impacto, como casi siempre, no es parejo. Los sectores más vulnerables son los más afectados por esta situación, ya que dependen exclusivamente del transporte público para acceder al trabajo, la educación, la salud y otros servicios esenciales. En otras palabras, cuando el colectivo falla, no falla solo un servicio: se resiente toda la vida cotidiana.

Ante este panorama, el proyecto presentado en la Legislatura solicita que se adopten “de manera urgente” medidas que garanticen la normal prestación del servicio. El planteo apunta a encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad económica de las empresas y el derecho de los usuarios a un transporte accesible y eficiente.