Entre piquetes y ajuste: la conflictividad escala en Buenos Aires y expone el corazón de la crisis

El tránsito colapsado, los accesos bloqueados y las columnas de manifestantes ya no son una postal excepcional: forman parte de una escena que se repite con más frecuencia en la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, la conflictividad social volvió a escalar con fuerza, impulsada por la decisión del Gobierno nacional de dar de baja el programa “Volver al Trabajo”, una política que alcanzaba a unos 900 mil beneficiarios en todo el país.

La medida, que tendrá su última liquidación en abril con un monto cercano a los $78.000, generó una inmediata reacción de organizaciones sociales, piqueteras y de la economía popular. Más de 70 espacios convocaron a una jornada nacional de lucha con epicentro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el impacto social se vuelve más visible y más tenso.

Según lo informado, la protesta responde al rechazo al fin del programa y al nuevo esquema de asistencia basado en capacitaciones laborales, que reemplazaría el ingreso directo por vouchers educativos. En los hechos, la transición se da en un contexto donde la urgencia económica no espera procesos de mediano plazo.

Los cortes en la provincia: accesos y puntos colapsados

 

La jornada de protesta se tradujo en un mapa crítico de circulación en Buenos Aires, con cortes simultáneos en los principales accesos a la Ciudad y en distintos puntos del territorio provincial.

Entre los focos más relevantes se registraron:

Corte en el Puente Pueyrredón, con concentración en Avellaneda y quema de neumáticos en los accesos

Interrupciones en el Puente Saavedra, sobre avenida Maipú y General Paz

Corte total en el Puente La Noria, uno de los ingresos más utilizados del sur del conurbano

Bloqueos en la intersección de Ruta 3 y General Paz

Cortes en avenida Rivadavia y colectora de General Paz, sentido provincia

Interrupciones en la autopista Buenos Aires–La Plata, tanto en la traza principal como en accesos y colectoras

Corte en la bajada de la autopista Buenos Aires–La Plata en La Plata (zona 1 y 44)

Concentraciones en estaciones ferroviarias como Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (ex Avellaneda)

A esto se sumaron protestas en ciudades del interior bonaerense como Mar del Plata (con corte en Ruta 2), Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino .

El resultado fue previsible: caos de tránsito, tensión con fuerzas de seguridad y un escenario de alta visibilidad política.

El trasfondo: menos ingresos, más tensión

 

Detrás de los cortes hay algo más profundo que una protesta puntual. El conflicto social se apoya en un deterioro económico que viene acumulándose desde hace meses.

Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en lo que va de 2026 se registraron al menos 92 conflictos laborales en el sector público a nivel nacional, de los cuales más del 80% siguen activos sin resolución.

En la provincia de Buenos Aires, el foco de tensión se concentra especialmente en empleo público y judiciales, donde persisten reclamos por mejoras salariales y regularización laboral, mientras que sectores como educación y salud lograron acuerdos recientes que no terminan de disipar el malestar.

El problema estructural está en los recursos. Las provincias dependen en gran medida de transferencias nacionales, que representan más de la mitad de sus ingresos.

Sin embargo, en el primer trimestre de 2026 esas transferencias cayeron en términos reales:

Coparticipación: -8%

Recursos de origen nacional: -6,1%

Menos recursos implican menos margen para sostener salarios, políticas sociales y gasto público. Y eso, inevitablemente, deriva en conflicto.

El impacto en los barrios

 

En paralelo, la eliminación del programa “Volver al Trabajo” implica un golpe directo al consumo en los sectores más vulnerables. En la provincia de Buenos Aires, se estima que dejarán de circular unos 35.000 millones de pesos mensuales, afectando especialmente al comercio de cercanía y a la economía barrial.

No es un dato menor. Es plata que se gastaba en alimentos, transporte o necesidades básicas. Su desaparición no solo reduce ingresos: también desarma redes de contención que hoy funcionan como sostén social.

Por eso las organizaciones sociales que impulsan las protestas no son actores aislados. Son parte del entramado que sostiene comedores, merenderos y espacios comunitarios en barrios donde la crisis ya se siente hace tiempo.

Buenos Aires concentra el mayor peso demográfico del país y, por lo tanto, amplifica cada impacto económico. El propio informe del CEPA señala que entre el 70% y 80% del gasto provincial está destinado a servicios sociales como educación, salud y seguridad.

Cuando los recursos caen, el ajuste no es abstracto: se traduce en tensiones en esos sectores, en paritarias difíciles y en conflictos que se multiplican.

En ese contexto, la conflictividad deja de ser un episodio aislado para convertirse en un fenómeno estructural. Los cortes de hoy, en ese sentido, no son un hecho excepcional, sino la expresión visible de una crisis más profunda.

Y mientras la discusión política gira entre modelos, cifras y responsabilidades, en la calle la lógica es bastante más directa: si no alcanza, se protesta. Y si la respuesta no llega, el conflicto no se apaga. Se acumula.