Impulsan una operadora ferroviaria bonaerense con control estatal y lógica empresarial

En un contexto donde el sistema ferroviario arrastra años de deterioro y fragmentación, un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone la creación de una nueva operadora con participación estatal mayoritaria, orientada a recuperar y expandir los servicios de trenes tanto de pasajeros como de cargas.

La iniciativa, impulsada por el senador de Unión por la Patria Pedro Borgini, plantea la conformación de la Sociedad Operadora Ferroviaria de la Provincia de Buenos Aires S.A., una empresa que funcionaría bajo normas del derecho privado pero con control público asegurado a partir de una participación estatal mínima del 51% del capital accionario.

El esquema apunta a combinar la conducción estratégica del Estado con herramientas de gestión más ágiles, en un intento por sortear las limitaciones históricas de la administración pública en materia de infraestructura y servicios. La empresa tendría a su cargo la operación de líneas ferroviarias en el ámbito provincial, nacional e incluso internacional, incluyendo esquemas multimodales que articulen distintos tipos de transporte.

Entre sus funciones, se contempla no solo la prestación de servicios sino también el mantenimiento del material rodante, la infraestructura y los sistemas de control, en coordinación con organismos nacionales. A su vez, el proyecto habilita la posibilidad de que la operadora participe en asociaciones con empresas públicas y privadas, acceda a financiamiento y desarrolle nodos logísticos vinculados a las economías regionales.

El objetivo de fondo es bastante ambicioso, aunque suene a frase repetida de política pública: reducir costos logísticos, mejorar la competitividad y reactivar el entramado productivo bonaerense. En otras palabras, que los trenes vuelvan a ser algo más que postales de abandono o promesas de campaña.

En ese marco, el Ministerio de Transporte bonaerense tendría un rol central en la planificación, regulación y supervisión del sistema, incluyendo la potestad de definir políticas y revisar contratos de concesión vigentes. Es decir, el Estado no solo operaría, sino que también controlaría el tablero completo.

El financiamiento previsto combina ingresos propios, aportes estatales, endeudamiento y asociaciones estratégicas, además de la posibilidad de emitir acciones e incorporar nuevos socios. Una arquitectura flexible que, en teoría, permitiría sostener inversiones de largo plazo sin depender exclusivamente del presupuesto público.

El proyecto también incorpora criterios de gestión basados en sostenibilidad, transparencia y eficiencia, y prevé la participación de representantes del sector ferroviario en la conducción de la empresa, un guiño a la experiencia técnica en un área donde improvisar suele salir caro.