Sánchez Jauregui: “La reforma laboral fue pensada para quitar derechos”

Luego que la Justicia Nacional del Trabajo dictara una medida cautelar que deja en suspenso más de 80 artículos centrales de la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional, desde UATRE alertaron por la pérdida de derechos y destacaron el rol de la CGT para hacerle frente a la Casa Rosada.

La secretaria de Organización de UATRE e integrante del Consejo Directivo de la CGT, Natalia Sánchez Jauregui, sostuvo: “La CGT cumplió un rol fundamental al llevar este reclamo a la Justicia. Esta cautelar demuestra que la organización del movimiento obrero sigue siendo una herramienta clave para frenar el avance sobre los derechos de las y los trabajadores”.

En relación con el sector rural, advirtió: “Para el trabajo rural esta reforma es especialmente grave, ya que busca profundizar la precarización, debilitar los convenios colectivos y dejar a miles de trabajadores y trabajadoras en una situación de mayor vulnerabilidad frente al poder económico”.

Y agregó: “En nuestro sector, donde muchas veces las condiciones ya son difíciles, avanzar con este tipo de medidas implicaba retroceder décadas en derechos laborales”. “La reforma laboral no fue pensada para generar empleo, sino para quitar derechos”

Por último, afirmó: “Vamos a seguir defendiendo cada derecho conquistado. Porque cuando se ataca al trabajo, se ataca también a las economías regionales y a las comunidades del interior”.

La cautelar establece que los artículos cuestionados no podrán aplicarse hasta que la Justicia se pronuncie sobre su constitucionalidad, en un proceso que continuará en los próximos meses.

La resolución se produjo tras una presentación de la CGT y mantendrá vigente el esquema actual hasta que haya sentencia definitiva. Entre los puntos alcanzados por la cautelar figuran cambios en la organización del trabajo, como el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones. También quedaron suspendidas modificaciones en el concepto de remuneración, alternativas a la indemnización y artículos vinculados a la actividad sindical y el derecho a huelga.

Desde la CGT señalaron que la intervención judicial representa un freno a una reforma que avanzaba sobre aspectos estructurales del sistema laboral argentino. La central obrera llevó el planteo a los tribunales al considerar que se afectaban derechos adquiridos.