Destituyen a juez laboral por acoso y violencia: fallo histórico en la Justicia bonaerense

El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires resolvió destituir al juez marplatense Mariano Riva, titular del Tribunal de Trabajo N° 4, tras considerar probadas múltiples denuncias por violencia laboral y de género. La decisión no fue simbólica: además de removerlo del cargo, lo inhabilitó para volver a ejercer funciones judiciales y le impuso las costas del proceso. Traducido al castellano llano: no vuelve.

El fallo se dio en el marco de un jury impulsado por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la Procuración General, encabezada por Julio Conte Grand. A lo largo del proceso se acreditaron conductas que, en cualquier otro ámbito laboral, ya serían escandalosas, pero dentro de un tribunal adquieren una gravedad institucional todavía mayor: maltrato, hostigamiento, acoso sexual y abuso de poder contra trabajadores y trabajadoras judiciales.

La resolución fue leída en una audiencia virtual, sin la presencia del magistrado. No exactamente un gesto de defensa activa, pero tampoco hacía falta demasiado suspenso: el Jurado consideró configuradas faltas graves vinculadas al incumplimiento de los deberes del cargo y a comportamientos incompatibles con la “dignidad y austeridad” que se le exige a cualquier juez. Esa vara mínima que, evidentemente, no estaba siendo respetada.

El proceso tuvo, además, un peso político e institucional relevante. Estuvo presidido por la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, e integrado por legisladores y abogados que conforman el Jurado de Enjuiciamiento. No fue un trámite menor ni un ajuste interno discreto: fue una señal pública.

Desde la AJB, uno de los actores clave en la denuncia, destacaron el alcance del fallo. El secretario gremial Oscar Yenni lo planteó sin rodeos: “Este fallo marca un precedente: no hay lugar para la violencia laboral ni de género en el Poder Judicial”. En la misma línea, la secretaria de Géneros y Diversidad, Mónica Blanc, puso el foco en lo estructural: visibilizar, denunciar y romper con la lógica de soportar en silencio.

Porque si algo dejó en evidencia este caso es que no se trataba de episodios aislados. Las denuncias describieron un patrón sistemático de violencia laboral, con impacto particular sobre mujeres: cambios arbitrarios como castigo, críticas injuriosas, obstáculos para licencias, intromisiones en la vida privada, sobrecarga laboral y conductas de connotación sexual. Todo dentro de un espacio que debería garantizar derechos, no vulnerarlos.

El antecedente inmediato ya marcaba la gravedad del escenario: en febrero de 2024, la Suprema Corte bonaerense había dispuesto la licencia compulsiva de Riva y de su colega Alejandro Augusto Lerena, también integrante del mismo tribunal, tras las primeras denuncias del gremio.

La destitución de Riva cierra así uno de los procesos disciplinarios más relevantes recientes dentro del sistema judicial bonaerense. Pero más allá del cierre formal, deja algo bastante más incómodo flotando en el aire: cuánto de estas prácticas fue tolerado durante años y cuántos casos similares todavía no llegan a esta instancia.