La Justicia federal investiga presunta contaminación industrial en el Puerto de Mar del Plata

La Justicia Federal ordenó avanzar con nuevas medidas de investigación en una causa que analiza presuntos vertidos contaminantes provenientes de industrias del Puerto de Mar del Plata, particularmente de fábricas de harina de pescado que desde hace años son señaladas por vecinos, comerciantes y turistas por los fuertes olores y el posible impacto ambiental en la zona.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Mar del Plata, actualmente subrogado por el juez Santiago Inchausti, en el marco de la causa FMP 12014951/2002, caratulada “N.N. s/ infracción Ley 24.051”, que investiga posibles violaciones a la Ley de Residuos Peligrosos.

Según surge de la resolución judicial, se conformó un legajo específico para profundizar una hipótesis planteada por el fiscal federal Santiago Eyherabide, vinculada al presunto vertido de residuos sólidos y semisólidos generados por industrias instaladas en el área portuaria.

De acuerdo con el dictamen fiscal, esos desechos habrían sido descargados a través de distintos canales que desembocan en la cuenca del Arroyo del Barco, lo que podría haber generado efectos contaminantes en las aguas interiores del puerto marplatense y en la Reserva Natural del Puerto.

La investigación también busca determinar si esos vertidos habrían impactado en la Reserva Natural de Lobos Marinos de la Escollera Sur, donde incluso se menciona la posibilidad de enmallamientos de ejemplares vinculados a residuos derivados de la actividad industrial.

Empresas bajo análisis

Dentro de la hipótesis investigada aparecen dos casos puntuales que involucran a empresas del sector pesquero.

Por un lado, la Cooperativa Marplatense de Pesca e Industrialización Ltda (Coomarpes), sobre la cual el expediente señala que, pese a imputaciones y procesos judiciales previos, habría continuado vertiendo efluentes con potencial contaminante hacia cuerpos de agua cercanos. Según la investigación, estos vuelcos se habrían realizado a través de la red cloacal o mediante bocas de tormenta que terminan desembocando en el mar.

En paralelo, también se analiza la situación de la firma Agustiner SA, respecto de la cual el seguimiento de autoridades administrativas indicaría que habría continuado descargando efluentes con capacidad contaminante hacia los mismos sistemas de drenaje.

Como parte de las medidas ordenadas por el juzgado, ambas empresas deberán informar la integración completa de sus directorios durante el período 2020–2025, detallando nombres, documentos de identidad, domicilios y cargos de cada integrante.

Informes técnicos y análisis de muestras

Para avanzar en la causa, el magistrado solicitó además al Tribunal Oral Federal la remisión de las constancias del legajo de control correspondiente a la causa FMP 23899/2018.

En paralelo, la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal deberá analizar los resultados de muestras tomadas por Obras Sanitarias de la Municipalidad de General Pueyrredón (OSSE), con el objetivo de determinar en qué períodos los efluentes vertidos habrían resultado contaminantes según los parámetros establecidos por la Ley 24.051.

Entre los indicadores a evaluar figuran la demanda química de oxígeno (DQO), la demanda biológica de oxígeno (DBO), la presencia de grasas y la concentración de coliformes fecales, variables utilizadas para medir el impacto de descargas industriales en cuerpos de agua.

Asimismo, el juez requirió a la Autoridad del Agua y a OSSE que remitan informes sobre los vuelcos de efluentes realizados por Coomarpes durante 2025 y sobre los presuntos vertidos de Agustiner SA desde 2020 hasta la actualidad, incluyendo si existieron infracciones administrativas por incumplimientos a la normativa ambiental vigente.

Prefectura investigará descargas en el puerto

Entre las medidas más relevantes dispuestas en la causa, el juzgado ordenó a la Prefectura Naval Argentina elaborar un informe detallado sobre todas las desembocaduras de efluentes que llegan al espejo de agua del Puerto de Mar del Plata.

El relevamiento deberá incluir fotografías, croquis de ubicación e identificación del origen de cada descarga, diferenciando si se trata de vertidos de origen privado, cloacal, pluvial o vinculados a empresas específicas.

Además, Prefectura deberá realizar tareas investigativas durante un período de 30 días en las instalaciones de ambas firmas, con el objetivo de determinar los horarios reales de producción, identificar picos de actividad industrial y analizar si existe correlación entre esos momentos y los episodios de contaminación denunciados.

Un conflicto ambiental de larga data

El avance de la causa judicial se produce en un contexto de reiteradas denuncias de comerciantes, vecinos y turistas que frecuentan la zona portuaria y sectores cercanos. Desde hace años, organizaciones locales y residentes advierten sobre episodios recurrentes de fuertes olores y posibles impactos ambientales asociados a la actividad de las plantas procesadoras de pescado y harineras instaladas en el área industrial del puerto.

Mientras la investigación avanza, la Justicia busca determinar si los vertidos denunciados constituyen efectivamente una infracción a la Ley de Residuos Peligrosos y si las descargas industriales habrían generado contaminación en uno de los ecosistemas costeros más sensibles de la ciudad.