En política y en economía, las palabras importan. Y cuando quien habla no es un opinador de sobremesa sino el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, el margen para la liviandad debería ser cero. Sin embargo, la frase de Mario Grinman dejó algo más que preocupación: dejó una sensación de desconexión alarmante.
“Algunos vamos a quedar por el camino, pero es el precio que hay que pagar”. No fue una filtración. No fue un off. Fue una definición explícita sobre el impacto del actual modelo económico. Traducido: hay empresas que van a desaparecer, y eso forma parte del plan.
Grinman admitió que el esquema macroeconómico vigente golpeará a distintos rubros del comercio y que habrá cierres, aunque “no se puedan precisar cifras”. También reconoció que muchas empresas chicas bajan la persiana sin siquiera registrarlo formalmente porque son atendidas por sus propios dueños. Es decir, el daño existe, pero no siempre entra en la estadística. Desaparecen en silencio.
Lo que vuelve especialmente delicada la expresión no es solo el diagnóstico, sino la naturalización del sacrificio. Porque cuando el titular de la principal cámara comercial del país habla de “precio”, no está hablando de una variable abstracta. Está hablando de pymes familiares, de comerciantes que hipotecaron ahorros, de barrios que pierden actividad. Está hablando de personas concretas.
Más aún: el empresario sostuvo que no hay despidos masivos y que las altas y bajas del sector se mantienen estables. Pero si una empresa pequeña cierra y el dueño era quien trabajaba detrás del mostrador, esa pérdida no siempre impacta en un índice laboral inmediato. Impacta en la economía real. En el consumo. En la cadena de pagos. En la vida cotidiana.
Lo más llamativo es que, pese a reconocer el costo, Grinman reafirmó el respaldo del empresariado comercial al rumbo del Gobierno, tras participar en la reunión del Grupo de los Seis con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El mensaje es claro: hay daños colaterales, pero el sector está dispuesto a tolerarlos en nombre de una supuesta “normalización”.
La cuestión de fondo no es si la economía necesita orden. Es quién define cuánto dolor es aceptable y quién lo absorbe. Decir que algunos “quedarán en el camino” como si fuera una etapa inevitable del proceso puede sonar pragmático en un salón corporativo. En la calle, suena distinto.
En tiempos donde miles de comercios luchan por sostenerse, la dirigencia empresaria tiene derecho a defender un modelo. Lo que no puede hacer, sin costo político y social, es hablar de pérdidas humanas y productivas como si fueran una variable de ajuste más en la hoja de cálculo.