Aumentos insuficientes en discapacidad: "La emergencia continúa"

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad rechazó la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, argumentando que los incrementos anunciados no son suficientes para recomponer la situación económica de los prestadores del sector. La organización considera que los aumentos se calcularon "desde bases que arrastran deudas", lo que mantiene al sector en ascuas.

El pasado jueves, el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad aprobó un aumento del 5,78% en los precios del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas, a aplicar en febrero de 2026. Sin embargo, desde el Foro Permanente Discapacidad señalan que este aumento no es suficiente para cubrir la pérdida salarial que venimos sufriendo.

"Ahora, si los aumentos se calculan desde bases que arrastran deudas, nunca se va a poder lograr el objetivo. Claramente la situación va a ser peor", expresaron desde la organización. Además, calcularon que cuando se calcule la compensación mandada por el período diciembre 2023/diciembre 2024, el arancel a diciembre 2024 va a ser mayor al arancel de enero de 2025 tomado como base para los aumentos siguientes.

El Foro Permanente Discapacidad reclama un aumento del 40% para recomponer la situación y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. "Los funcionarios leen los artículos separados del objetivo y por eso dictaminan aumentos que no cumplen con la ley", afirmaron.

La organización también criticó la actitud del gobierno, que según ellos, "dejó seguir adelante a las prepagas con aumentos desmedidos sin ningún control". El Foro Permanente Discapacidad no aceptó el aumento anunciado y continúa trabajando para lograr una recomposición salarial justa y digna para los prestadores del sector.

La situación en el área de Discapacidad sigue siendo crítica, y el Foro Permanente Discapacidad seguirá luchando para que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y se mejore la situación económica de los prestadores del sector.