Auditoría a los colectivos: el Gobierno aclara que el control alcanza a todas las empresas

En medio de la tensión creciente por el esquema de subsidios al transporte público, el Gobierno nacional avanzó con una auditoría integral sobre todas las empresas de colectivos, una decisión que volvió a poner bajo la lupa a uno de los sectores más sensibles del gasto público. Frente a versiones que apuntaban a una empresa en particular, desde el propio sector salieron a aclarar que el proceso no es selectivo ni direccionado, sino que alcanza al conjunto del sistema.

La precisión llegó de parte de Metropol, uno de los principales operadores del transporte automotor de pasajeros del país, que desmintió de manera explícita que exista una auditoría focalizada o una retención de subsidios exclusiva sobre su estructura empresarial. Según la compañía, la revisión impulsada por el Estado responde a un proceso general de control, dispuesto por la Secretaría de Transporte, que involucra a todas las firmas del sector.

Una auditoría de alcance general

De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno nacional, la medida contempla una auditoría integral del esquema de subsidios al transporte automotor, con el objetivo de revisar procedimientos administrativos, sistemas de control y mecanismos de liquidación de fondos. El foco está puesto en ordenar un esquema históricamente cuestionado, tanto por su complejidad como por su peso dentro del gasto público.

Desde Metropol remarcaron que no existe ninguna resolución administrativa que disponga una retención preventiva de subsidios dirigida exclusivamente a la empresa, ni tampoco actos oficiales que le atribuyan irregularidades propias o diferenciales respecto de otros operadores. La aclaración busca frenar interpretaciones que, en un contexto de ajuste y recortes, pueden impactar tanto en la reputación empresarial como en la relación con usuarios y trabajadores.

Subsidios bajo la lupa y ajuste fiscal

La auditoría se inscribe en una política más amplia del Gobierno orientada a contener el gasto público y redefinir el rol de los subsidios económicos. El transporte público es uno de los rubros más relevantes: concentra miles de millones de pesos anuales y funciona como un amortiguador clave frente a las tarifas, especialmente en áreas metropolitanas.

En ese marco, la revisión no solo apunta a detectar eventuales inconsistencias, sino también a reordenar criterios de asignación, mejorar los controles y reducir márgenes de discrecionalidad. La decisión, sin embargo, genera inquietud en un sector que advierte sobre los riesgos de una eventual interrupción de fondos en un contexto de costos crecientes, caída de pasajeros y presión salarial.

El mensaje del sector empresario

Metropol aseguró su “plena disposición a colaborar con las autoridades competentes”, una postura que busca alinearse con la narrativa oficial de transparencia y control. La empresa destacó que ha aportado históricamente la información requerida en los procesos de fiscalización y que continuará haciéndolo en esta nueva etapa de auditoría generalizada.

La aclaración no es menor: en un escenario de alta sensibilidad social por el transporte, cualquier señal de irregularidades puede derivar en conflictos gremiales, deterioro del servicio o tensiones tarifarias. Por eso, el énfasis en que no hay imputaciones particulares apunta a descomprimir un clima que, puertas adentro del sistema, se percibe cada vez más frágil.

La auditoría a las empresas de colectivos reabre un debate de fondo: cómo financiar un servicio esencial sin desbordar el gasto público ni trasladar el ajuste de manera directa a los usuarios. Mientras el Gobierno avanza con controles más estrictos, el sector empresarial intenta mostrar cooperación y despegarse de cualquier sospecha de privilegios o irregularidades.