Bajar la edad penal, una respuesta fácil a un problema complejo

Mientras el Gobierno nacional impulsa la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce con una crítica frontal: calificó la iniciativa como “puro marketing político” y advirtió que no aborda las causas reales del delito juvenil. En contraposición, defendió las políticas de intervención temprana implementadas en la provincia de Buenos Aires, que —según datos oficiales— permitieron reducir un 20% los homicidios cometidos por menores.

El debate volvió al centro de la escena tras declaraciones de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien sostuvo que “sin consecuencias, hay libertad para delinquir”. Desde la Provincia, Alonso respondió con números, programas y una fuerte crítica a la falta de inversión nacional.

“Cambiar la edad solo corre el límite hacia abajo”

En diálogo con Ámbito, Alonso advirtió que una baja de la edad de imputabilidad no disuade al crimen organizado. “Si hoy se baja a 13 años, mañana las bandas van a ir a buscar chicos de 11 o 12. El delito siempre se adapta a las reglas del sistema”, explicó. Para el funcionario, el problema no es la edad sino la ausencia de políticas integrales que actúen antes de que los chicos lleguen a cometer delitos graves.

Las cifras que expuso buscan poner en contexto el debate: de unas 1.020.000 investigaciones penales que se inician cada año en la provincia, solo 20.000 corresponden al fuero penal juvenil (2,5%). En homicidios, la participación de menores alcanza el 8,3%. “Son datos que hay que abordar con seriedad, no con slogans”, remarcó.

“No es que los dejamos libres”

Uno de los ejes del discurso oficial nacional es la supuesta impunidad de los menores. Alonso lo negó de plano. “No es que los dejamos libres”, afirmó, y citó casos concretos en los que adolescentes involucrados en delitos graves permanecen alojados en institutos.

Según detalló, en 2025 se registraron 19 homicidios cometidos por menores de 16 años en territorio bonaerense, frente a 24 en 2024. La baja ronda el 20% y coincide con la implementación del programa provincial Entramados, impulsado por el gobernador Axel Kicillof. En el grupo de 16 y 17 años, los casos pasaron de 63 a 61. “Esos pibes están encerrados. El Estado intervino”, insistió.

Para Alonso, la clave está en actuar a tiempo: “Nadie llega por primera vez a una comisaría por un homicidio. Antes hubo robos, contravenciones, peleas. La primera vez que el pibe cayó por una pavada, el Estado miró para otro lado”.

El programa Entramados y la intervención temprana

El ministro explicó que, al asumir la actual gestión provincial en 2019, no existían protocolos claros para intervenir con menores en conflicto con la ley. A partir de allí se diseñó Entramados, un esquema que articula Policía, Justicia y servicios locales de niñez.

La Provincia tiene hoy 5,2 millones de chicos dentro del sistema escolar y unos 5.000 niños y adolescentes que son aprehendidos cada año por distintos hechos. Cuando ocurre una intervención, se da aviso al fiscal y al juez de menores y se activan informes socioambientales. “Según el caso, la Justicia decide si el pibe va a un instituto o a un programa sociocomunitario. Muchas veces hay que separarlo de su familia”, explicó Alonso.

El diagnóstico social que trazó es crudo: “La mayoría de estos pibes fueron dejados solos, tienen padres adictos o presos, sufrieron abusos a muy temprana edad y abandonaron la escuela. Lo único que corrige esa trayectoria es una sanción efectiva a tiempo”.

Críticas al Gobierno nacional y al enfoque de seguridad

Aunque coincidió en que el crimen organizado utiliza menores como “soldaditos”, Alonso rechazó la respuesta del Gobierno nacional. “Instalan explicaciones simplistas y dan batallas culturales que no resuelven la inseguridad”, señaló. También cuestionó discursos que ponen el foco en inmigrantes o barrios populares y no en el control del narcotráfico y las fronteras.

En ese marco, denunció un fuerte desfinanciamiento: aseguró que la Nación recortó unos 750 mil millones de pesos destinados a políticas de seguridad, juzgados de menores y servicios locales de niñez. “No hay inversión federal: faltan helicópteros, patrulleros y los salarios de las fuerzas federales están deteriorados”, enumeró.

Como contracara, destacó la inversión provincial: 7.400 patrulleros nuevos, expansión de la videovigilancia, 22.000 policías incorporados al patrullaje y la creación de 68 bases operativas de distintas fuerzas especiales.

“Modificar la edad no es una llave mágica”

Alonso reconoció que la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil y recordó que la normativa vigente data de 1980, en plena dictadura. “Está vieja y hay que reformarla”, admitió. Pero marcó un límite claro: bajar la edad sin financiamiento, equipos ni programas “no resuelve nada”.

Para el ministro, la discusión de fondo es política y presupuestaria. “Son 5.000 pibes en toda la provincia. ¿Cómo no vamos a poder resolver la situación de 50 chicos por municipio?”, se preguntó. Y concluyó con una definición que resume su postura: “El debate de la edad es estéril. Vender falsas expectativas es fácil. Lo que hace falta es gestión, inversión y coordinación. Lo demás es marketing político”.