La Justicia federal resolvió habilitar la feria judicial para dar tratamiento urgente a un reclamo vinculado a la provisión de alimentos a comedores comunitarios, en una causa que apunta directamente contra el Ministerio de Capital Humano. La decisión fue adoptada por el juez del Fuero Contencioso Administrativo Federal, Walter Lara Correa, tras una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Según plantearon las organizaciones, la paralización de la actividad judicial durante el receso impedía avanzar con intimaciones ya dispuestas por el juzgado, lo que en la práctica interrumpía el relevamiento y la incorporación de comedores que dependen de la provisión estatal de alimentos para sostener su funcionamiento cotidiano. En ese contexto, advirtieron que la demora judicial agravaba una situación crítica para cientos de espacios comunitarios que asisten a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
El reclamo retoma una resolución dictada el 19 de diciembre de 2025, en la que el juzgado había fijado plazos perentorios para que Capital Humano informe sobre los avances en la incorporación de comedores que llevan meses en un limbo administrativo. “Ante el receso judicial, se ha visto interrumpido el proceso de relevamiento e incorporación de estos comedores en la política social prevista”, señalaron el CELS y la UTEP al solicitar la habilitación de la feria.
En aquel fallo, el juez intimó a la cartera que conduce Sandra Pettovello a que, en un plazo de diez días corridos, informe sobre los avances para incluir a los comedores Mujeres Unidas de Barrio La Vincha, de Santa Fe; Rayito de Sol, de Chaco; San Expedito, de Catamarca; y Niños Felices y Chavito, de Jujuy, todos ellos a la espera de una respuesta estatal para garantizar su abastecimiento.
La resolución también exige que el Ministerio acredite cómo garantiza el derecho alimentario de quienes asisten a comedores ya relevados, entre ellos Rayito de Sol y Una Pizza de Amor, de Córdoba, además de una extensa nómina de espacios comunitarios bonaerenses como Con Esfuerzo y Trabajo, Ariel, Con Amor y Corazón para los Niños, Pancita Feliz, Pensando en los Chicos, Muleju, Solcitos del Eva Perón, Puertas Abiertas, Espacio Comunitario Villa Alegre, Pekitas, Sol de Corimayo, Huellitas y Felices los Niños.
A esto se suma la orden judicial de acreditar, en el mismo plazo, los pagos pendientes del Plan Alimentar Comunidad al comedor Monseñor Angelelli, una deuda que, según advirtieron las organizaciones, pone en riesgo la continuidad del espacio. Además, se requirió información detallada sobre los relevamientos de comedores gestionados por organizaciones como La Rueda Educación Popular, Néstor Vive Varela, Seamos Libres y CEyTIS, entre otras.
La habilitación de la feria judicial marca un punto de inflexión en una causa que pone en el centro el derecho a la alimentación y el rol del Estado en su garantía. En un escenario de creciente demanda social y con comedores que sostienen su tarea en condiciones cada vez más precarias, la decisión judicial busca evitar que los tiempos administrativos y judiciales profundicen una emergencia que, para miles de familias, no admite demoras.