Fitosanitarios: la Justicia marca límites y expone el vacío legal en la Provincia

El reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia bonaerense que ordenó suspender de manera preventiva las ordenanzas sobre uso de fitosanitarios en Tandil y Rauch reactivó una discusión de fondo que la provincia de Buenos Aires arrastra desde hace años: la ausencia de una norma marco que establezca criterios comunes para la aplicación de estos productos. El fallo, motivado por advertencias ambientales y cuestionamientos de constitucionalidad vinculados a la cuenca del arroyo Chapaleofú, dejó al descubierto un vacío legal que hoy se resuelve —o se paraliza— en los tribunales.

Lejos de zanjar la controversia, la decisión judicial volvió a poner en tensión dos planos que suelen chocar: la protección ambiental y la previsibilidad productiva. Los magistrados reclamaron una evaluación más profunda del impacto de los fitosanitarios antes de convalidar restricciones severas, pero el efecto inmediato fue la suspensión de normas locales que ya estaban en vigencia. El resultado práctico, advierten sectores del agro, fue un escenario de incertidumbre con consecuencias económicas concretas.

En ese contexto, la diputada provincial Silvina Vaccarezza reclamó avanzar con una ley provincial que ordene el tema y devuelva el debate al ámbito que —sostiene— corresponde. La legisladora subrayó que la falta de reglas homogéneas termina trabando la producción y expone a productores y municipios a criterios dispares, con distancias de aplicación que cambian de un distrito a otro y generan pérdidas millonarias.

Vaccarezza recordó que en septiembre de 2024 presentó un proyecto para regular la aplicación de fitosanitarios en toda la provincia, iniciativa que aún permanece sin tratamiento en comisión. Para la diputada, el fallo no hace más que confirmar la urgencia de saldar esa deuda legislativa: mientras no exista una norma clara, las decisiones seguirán judicializándose, con resoluciones que pueden variar caso a caso y profundizar la inseguridad jurídica.

El planteo abre una discusión más amplia sobre el rol del Estado provincial. ¿Debe ser la Justicia la que fije los parámetros técnicos y sanitarios o corresponde que lo haga la política, a través de un debate legislativo informado y sin prejuicios? Desde el sector que impulsa la ley, la respuesta es clara: la Legislatura de la provincia de Buenos Aires es el ámbito para construir consensos, escuchar a científicos, productores y comunidades, y establecer reglas estables que contemplen tanto el cuidado ambiental como la actividad económica.