JUDICIALES | 23 DIC 2025

FALLO ANTIMOTOSIERRA

Nuevo revés para Milei: cautelar obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia federal hizo lugar a una cautelar presentada por las universidades y ordenó al Ejecutivo cumplir con los artículos centrales de la ley votada por el Congreso.




La Justicia federal resolvió que el Gobierno nacional debe aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, luego de haber intentado suspender su vigencia mediante un decreto. La decisión se tomó a partir de una medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El fallo fue dictado por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, que dejó sin efecto, de forma provisoria, el decreto del Poder Ejecutivo. De este modo, ordenó avanzar con la implementación de los artículos 5.º y 6.º de la ley.

La resolución judicial establece la recomposición de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales. También dispone la actualización automática de las becas estudiantiles, que habían quedado suspendidas tras la decisión del Ejecutivo.

El juez Martín Cormick remarcó que la norma fue ratificada por el Congreso con la mayoría agravada prevista en la Constitución. En ese marco, advirtió que el Poder Ejecutivo no puede condicionar ni frenar la aplicación de una ley vigente mediante un decreto.

En los fundamentos, el magistrado señaló que la falta de actualización salarial y de becas genera un perjuicio actual y concreto, especialmente por la pérdida del poder adquisitivo. Ese daño, sostuvo, no puede repararse si la medida no se aplica de manera inmediata.

Además, el fallo relativiza el argumento fiscal del Gobierno al indicar que el impacto presupuestario de la ley resulta acotado en relación al total del gasto público. La resolución vincula el financiamiento universitario con derechos constitucionales básicos, como el de enseñar y aprender.

Por último, el juez consideró que el decreto presidencial configura un caso de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, al avanzar sobre facultades propias del Congreso. La decisión se suma a otros fallos recientes que ordenaron aplicar leyes ratificadas por el Parlamento pese al rechazo inicial del Ejecutivo.