En medio de las investigaciones judiciales que salpican a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) activó un pedido de informes para que el Gobierno de Axel Kicillof detalle el alcance y las condiciones del convenio que le otorgó a la entidad futbolística el control del Estadio Único de La Plata, rebautizado como “Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo”.
La iniciativa busca echar luz sobre el acuerdo firmado entre el Ejecutivo provincial y la AFA, que habilitó a la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia a administrar integralmente uno de los principales bienes públicos deportivos de la provincia. Desde el espacio libertario advierten que se trata de un convenio de alto impacto económico y simbólico, en un contexto de restricciones presupuestarias y fuertes cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos.
El pedido fue presentado por el titular del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, quien sostuvo que la Provincia debe explicar con precisión qué se firmó, bajo qué figura legal y cuáles son las obligaciones asumidas por cada una de las partes. “El Gobierno de la Provincia debe rendir cuentas sobre el acuerdo. No se puede seguir manejando fondos públicos con total opacidad. Los bonaerenses merecen saber si su dinero se está usando para fomentar el deporte o para encubrir negocios turbios”, afirmó el legislador.
Desde LLA remarcan que la iniciativa no apunta únicamente a la coyuntura judicial que involucra a Tapia y a otros dirigentes de la AFA, sino a la necesidad de transparentar un esquema de administración que, a su entender, compromete patrimonio público en una provincia con déficit estructural. “Tenemos una provincia deficitaria donde el gobernador lejos de equilibrar las cuentas gasta cada vez más y en muchos casos no sabemos los detalles. La Libertad Avanza en el Senado le va a poner un límite a los manejos de Kicillof”, agregó Curestis.
En el detalle del pedido de informes, los libertarios reclaman copia íntegra del convenio y precisiones sobre el fundamento jurídico utilizado para otorgar el control del estadio: si se trata de una concesión, un permiso de uso, un comodato, un acuerdo de cooperación o una figura contractual atípica. También exigen saber si se contrató algún seguro de caución que garantice la preservación del patrimonio público ante eventuales incumplimientos.
Otro de los puntos centrales es el aspecto económico del acuerdo. El pedido solicita que el Ejecutivo informe el canon pactado, incluyendo el monto anual de los 1.000 millones de pesos que trascendió públicamente, el porcentaje del 30% de la recaudación neta de espectáculos no deportivos, los mecanismos de actualización y la forma en que las obras comprometidas por la AFA se imputan como compensación de ese canon.
Además, se requiere un detalle exhaustivo de las obras proyectadas en el estadio —campo de juego, iluminación, conectividad, infraestructura interior, techos y otras mejoras— con sus respectivos montos estimados, fuentes de financiamiento, plazos de ejecución y los organismos provinciales encargados de auditar los trabajos.
El pedido también pone el foco en los cambios institucionales derivados del acuerdo. En ese sentido, los libertarios quieren saber si se dispuso la disolución de la Fundación Estadio Único, integrada históricamente por Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata, qué acto administrativo se utilizó para ello y cuál fue el impacto sobre las funciones de control que cumplía ese organismo.
A esto se suman consultas sobre la situación de los 60 empleados que fueron relocalizados a partir del 27 de diciembre, y sobre el eventual cierre de la oficina de la Subsecretaría de Deportes que funcionaba dentro del predio, presuntamente a pedido de la AFA. El bloque solicita precisiones sobre las tareas que allí se desarrollaban y el impacto organizacional de esa decisión.
Por último, el pedido de informes pregunta si el convenio incluye compromisos concretos vinculados a la realización de partidos de la Selección Argentina, instancias decisivas de torneos locales o competencias internacionales, con fechas tentativas y condiciones de explotación comercial.
El planteo legislativo se da en un marco político más amplio. Como ya fue informado, la relación entre Kicillof y Tapia se fortaleció a partir de la designación del presidente de la AFA al frente de la CEAMSE en febrero de 2025. La decisión generó críticas inmediatas, dado que el organismo administra la disposición final de residuos de la Ciudad de Buenos Aires y de más de 40 municipios bonaerenses, con un flujo anual de miles de millones de pesos y antecedentes de balances poco transparentes.
CEAMSE arrastra cuestionamientos desde hace años: no publica estadísticas oficiales desde 2019 y su gestión fue observada por el Honorable Tribunal de Cuentas por la falta de controles estandarizados. El organismo concentra la disposición de casi tres millones de toneladas de residuos por año, un esquema que impacta en alrededor de 14 millones de personas.
En ese contexto, desde LLA insisten en que el control del Estadio Único y el peso creciente de Tapia en áreas estratégicas del Estado bonaerense ameritan un control legislativo estricto. “Exigimos al gobernador Kicillof que explique los convenios que mantiene con la AFA”, señalaron, y anticiparon que seguirán impulsando iniciativas para auditar acuerdos que, a su entender, profundizan una lógica de opacidad en la gestión provincial.