Jueces bonaerenses alertan por una reforma exprés del Código Penal

El nucleamiento de jueces y juezas de la provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por el anteproyecto de reforma integral del Código Penal de la Nación que el Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso. A través de un comunicado oficial difundido ayer, los magistrados advirtieron sobre los “riesgos de un tratamiento a libro cerrado, en forma precipitada o con un debate limitado”, una modalidad que —señalaron— viene siendo planteada desde el propio Gobierno.

En ese marco, reclamaron que el análisis de una reforma de semejante alcance no se limite a una discusión política acelerada, sino que incluya un debate amplio y plural. Además de especialistas en la ciencia jurídica, sostuvieron que deben ser convocados los operadores del sistema judicial que aplican cotidianamente el Código Penal. Según afirmaron, esa participación resulta clave para evitar defectos estructurales y problemas de redacción que, con el tiempo, podrían derivar en dificultades de interpretación e implementación por parte de jueces y funcionarios judiciales.

Los magistrados remarcaron que la intención de modificar de manera integral un Código Penal que —con sus aciertos y falencias— rige desde hace más de un siglo el derecho penal argentino, también exige revisar las reglas de reconocimiento que se consolidaron a lo largo de generaciones a través de la doctrina y la jurisprudencia nacional. En ese sentido, rechazaron de plano un “tratamiento exprés” o una sanción apresurada sin haber escuchado a una cantidad suficiente de expertos en la materia.

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento fue el impacto real que una reforma de estas características podría tener tanto en la operatividad del sistema penal como en la situación de las cárceles. Los jueces alertaron que el proyecto parece inscribirse en una tendencia a incrementar la severidad del sistema punitivo, dejando de lado el programa resocializador que, recordaron, forma parte del mandato constitucional.

Al poner el foco en la provincia de Buenos Aires, advirtieron que el escenario es “mucho más acuciante”. De acuerdo con datos del Registro Único de Detenidos de la Procuración General de la Suprema Corte, hacia 2024 se contabilizaban 66.991 personas privadas de la libertad, de las cuales 62.387 se encontraban en establecimientos penitenciarios. Esa cifra representa una de las tasas de prisionización más altas de la región: 376 personas detenidas cada 100 mil habitantes, lo que equivale al 52,3% del total de personas detenidas en el país.

Según detallaron, alcanzar una convergencia entre la cantidad de plazas disponibles y el número de detenidos requeriría una inversión sostenida durante más de medio siglo. La advertencia se apoya en la evolución histórica de la prisionización: desde 2012, cuando la tasa era de 198 detenidos cada 100 mil habitantes, se registró un crecimiento anual cercano al 9%. En apenas diez años, la población carcelaria bonaerense pasó de 31.303 personas privadas de su libertad a casi 67 mil.

En ese contexto, los jueces desmintieron la existencia de una supuesta “puerta giratoria” en el sistema penal, un concepto que —según indicaron— se repite con frecuencia en el discurso mediático. Por el contrario, señalaron que las tasas de encierro muestran un incremento exponencial, producto del agravamiento de penas, la reducción de salidas alternativas, el mayor ingreso de detenidos, la celeridad en los procesos y el aumento de condenas a través del juicio abreviado.

Finalmente, además de pedir ser convocados formalmente al debate parlamentario, los magistrados dejaron una advertencia de fondo: las leyes, por sí solas, no ofrecen soluciones mágicas. “Así como no se termina con la pobreza porque una ley así lo disponga, tampoco la inseguridad se acaba sancionando normas cada vez más severas”, concluyeron.