Denuncian delegación ilegal de poder y un negocio millonario en Mar Chiquita

En el Concejo Deliberante de Mar Chiquita se encendió un foco de tensión política y administrativa con el ingreso del Expediente 811/25. Lo que aparece como un contrato para reforzar la gestión de ingresos municipales es, según especialistas, un esquema que privatiza funciones centrales del Estado local.

El pliego otorga a una empresa privada facultades para inspeccionar, fiscalizar, intervenir en sanciones, administrar bases de datos y participar de la recaudación. Atribuciones que, de acuerdo con análisis jurídicos, son indelegables y exceden por completo lo autorizado por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Contiene requisitos considerados direccionados y restrictivos. El valor del pliego asciende a 200 mil pesos y cualquier impugnación cuesta un millón, un filtro que, según técnicos, desalienta la competencia y favorece a la firma PubliVial, vinculada a Marcelo Cabello y al ex intendente Jorge Paredi.

Otro punto crítico del documento es el esquema de remuneración: la empresa percibiría un porcentaje directo de lo recaudado por el Municipio. Un mecanismo prohibido por normativa bonaerense, ya que implica la participación de un privado en tributos locales y genera incentivos para endurecer multas y controles.

El informe técnico elaborado sobre el expediente marca más de una decena de inconsistencias. Entre ellas, la delegación de funciones de poder de policía, el manejo de datos protegidos por la Ley 25.326 y un objeto contractual impreciso que habilita una intervención amplia y poco delimitada.

Detrás del pliego, distintos sectores advierten una continuidad de vínculos previos. PubliVial opera en Mar Chiquita desde 2010 y en 2020 absorbió la concesión que manejaba Jet Publicidad SRL, también ligada a Cabello. Esa trayectoria consolidó un espacio de negocios alrededor de la gestión de publicidad, antenas y fiscalización local.

En la escena política, se menciona la participación de Paredi como articulador del expediente y presiones internas sobre el intendente Walter Wischnivetzky para avanzar con su aprobación. Incluso concejales opositores habrían recibido presiones para garantizar quórum, mientras que un bloque vecinalista mantiene su rechazo.

La discusión no se limita al nivel local. Versiones políticas afirman que el avance del pliego cuenta con respaldo desde La Plata, donde el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, impulsarían la llegada de empresas afines a distintos municipios.

Si el Concejo aprobara el contrato, el Municipio quedaría atado a un privado con acceso total a datos fiscales, capacidad de inspección y sanción, y participación económica directa en la recaudación. Para los críticos, se trata de un esquema que pone en riesgo la autonomía municipal y la transparencia institucional.

Algunos bloques analizan judicializar el expediente, mientras que comerciantes y vecinos expresaron preocupación por el impacto que podría tener sobre la economía local. El interrogante que atraviesa el distrito es si este pliego moderniza la gestión pública o consolida un negocio de pocos con recursos de todos.