Fuerte rechazo de CTERA a la “Ley de Libertad Educativa”: “Es un ataque al sistema democrático”

La filtración de un borrador del proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, impulsado por el Gobierno nacional, abrió un fuerte frente de conflicto con la comunidad educativa. La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) lanzó un documento de rechazo categórico y advirtió que la iniciativa supone “un ataque al sistema democrático en su conjunto”.

Según el gremio docente, el proyecto —que buscaría reemplazar la Ley Nacional de Educación N° 26.206, vigente desde 2006— elimina al Estado como garante principal del derecho a la educación y lo relega a un rol meramente subsidiario. Para CTERA, esto implica el desmantelamiento de un principio básico conquistado a través de un proceso “participativo, respetuoso y plural” desarrollado hace casi dos décadas.

Un giro estructural en el sistema educativo

El borrador, de 136 artículos, retoma medidas que el Gobierno ya había planteado en 2023 durante el debate de la Ley Bases. Aunque mantiene la gratuidad y obligatoriedad en los niveles inicial, primario y secundario, deja de definir a la educación como un “bien público”, concepto que la normativa actual considera central.

Además, el texto proyecta una reconfiguración profunda del sistema: otorga a las instituciones autonomía para definir sus formas de gobierno interno, elaborar planes de estudio propios, fijar reglamentos, seleccionar personal y establecer políticas de admisión. En el caso de las escuelas estatales, propone una transición hacia un esquema de gestión autónoma, lo que para los gremios podría abrir la puerta a procesos de privatización encubierta.

Desde CTERA señalaron que la iniciativa responde “a los intereses de corporaciones empresariales del sector privado”, al desplazar la responsabilidad del Estado y redefinir a la educación como un ámbito donde predomina la libertad individual por encima de los principios colectivos.

En esa línea, cuestionaron que el proyecto impulsa la figura de la familia como “responsable preferente” de la educación, promoviendo modalidades como el homeschooling y debilitando el rol de la escuela como espacio de socialización, igualdad y construcción de justicia social.

Otra de las objeciones centrales apunta a que el borrador declara a la educación general básica como “servicio esencial”, lo que —advierten— supone restringir el derecho a huelga docente. También rechazan la incorporación de un sistema de evaluación que califican de “punitivo y meritocrático”.

Repercusiones gremiales y políticas

La preocupación se replicó en otros sectores sindicales. Desde la CGT, el secretario de Políticas Educativas y dirigente de la Unión Docentes Argentinos, Sergio Romero, consideró que la iniciativa “derriba el actual sistema educativo para reemplazarlo por otro con tintes de privatización, confesionalidad y destrucción de la carrera docente”.

En el ámbito legislativo, la diputada provincial bonaerense Belén Malaisi (UCR–Cambio Federal) también expresó su rechazo, al advertir que la reforma “atenta contra el bien público de la educación”. Si bien reconoció la necesidad de revisar algunos aspectos de la ley vigente, afirmó que la escuela “obligatoria y de calidad” continúa siendo “la mejor herramienta de movilidad social ascendente”.

Desde Casa Rosada anticiparon que el proyecto será discutido en sesiones extraordinarias a partir de diciembre. Mientras tanto, los gremios docentes y referentes del sector educativo se preparan para un debate que, lejos de circunscribirse a aspectos técnicos, pone en juego definiciones profundas sobre el rol del Estado, la igualdad de oportunidades y el modelo de país.