Despidos masivos sacuden la industria bonaerense

La ola de despidos en la industria cerámica de la provincia de Buenos Aires volvió a poner en evidencia la fragilidad de los derechos laborales frente a la falta de intervención efectiva del Estado. Más de 130 trabajadores de Cerámica Cortines, ubicada en el partido de Luján, permanecen en conflicto luego de ser despedidos sin recibir indemnizaciones completas y sin que haya respuestas de las autoridades locales, provinciales ni nacionales.

Desde este lunes a la mañana, los exempleados se manifiestaron en la Delegación local del Ministerio de Trabajo en la calle Colón, tras levantar el bloqueo que habían mantenido en la planta de Cortínez ante la amenaza de desalojo policial. Los trabajadores reclaman el 100% de las indemnizaciones en no más de cinco cuotas, mientras que la empresa ofreció pagar el 80% en 18 cuotas, una propuesta que los sindicatos y los operarios consideran insuficiente e injusta.

El conflicto, según relataron los trabajadores a InfoMiBa, refleja un patrón de inacción patronal y falta de diálogo. “No hay reuniones efectivas, la familia propietaria (Carrió-Rabanal) no se muestra interesada y estamos comiendo una sola vez al día mientras dejamos a nuestras familias”, describió uno de los manifestantes que quedó cesante tras 10 años de trabajo, evidenciando la grave situación socioeconómica que atraviesan. Además, apuntaron que el grupo empresarial está conformado por miembros familiares y que la empresa ha mostrado una actitud de indiferencia ante la crisis que enfrentan los empleados.

Solidaridad entre sectores industriales

La protesta de Cerámica Cortines se da en un contexto más amplio de conflictos laborales en la provincia. Trabajadores despedidos de ILVA, en Pilar, también se manifestaron esta semana, encadenándose en la esquina de Rivadavia y Bolívar en reclamo del pago de salarios atrasados luego de que la empresa dejara a 300 empleados en la calle. La movilización en Luján y Pilar refleja una coincidencia estructural: empresas que reducen personal sin respetar las indemnizaciones legales y trabajadores que buscan respuestas efectivas frente a la ausencia del Estado.

Juan Ignacio Capelli, uno de los despedidos de ILVA, denunció amenazas a empleados y expresó: “Tenemos una unión muy fuerte; los compañeros pelean en la fábrica, nosotros aquí, pero hoy no tenemos una respuesta”. Mientras tanto, el acampe frente a la planta de ILVA continúa, y se espera que las próximas audiencias conciliatorias definan la continuidad de los pagos y garantías para los trabajadores.

Cierre de empresas y precarización laboral

La situación de estas empresas no resultan aislados. En Chascomús, la empresa de galletitas Tía Maruca dejó en la calle a 27 trabajadores sin notificación formal ni pago de indemnización, mientras desmantelaba la planta. La medida refleja una tendencia creciente de cierres de empresas y despidos masivos, en contextos de crisis financiera y ausencia de regulación efectiva.

En el caso de Tía Maruca, la firma había sido parcialmente adquirida por el grupo Argensun Food en 2024 y, pese a ello, repitió un patrón de despidos sin cumplir la legislación laboral. Las audiencias en el Ministerio de Trabajo bonaerense fueron convocadas para resolver conflictos salariales y garantizar derechos, pero hasta el momento los empleados denuncian falta de avances concretos.

Un Estado ausente y trabajadores en riesgo

Los conflictos en Luján, Pilar y Chascomús revelan un patrón estructural de vulnerabilidad laboral: empresas que priorizan la reducción de costos sobre el cumplimiento de la ley, y un Estado que no garantiza la aplicación efectiva de los derechos laborales. La ausencia de respuestas de autoridades locales y provinciales agrava la situación y expone a los trabajadores a riesgos sociales y económicos severos, desde la imposibilidad de cubrir necesidades básicas hasta amenazas directas por parte de actores vinculados a las empresas.

Mientras tanto, los sindicatos y trabajadores insisten en medidas de protesta y conciliación, aunque con la certeza de que sin intervención firme del Estado, los despidos y la precarización seguirán siendo una constante en el sector industrial bonaerense.