El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires dio un paso inédito en la regulación del uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) dentro del sistema judicial. A través de la Resolución PG N.º 1475/2025, dictada por el Procurador General de la Suprema Corte, se aprobó un marco normativo y estratégico que busca garantizar un uso ético, seguro y ajustado a la Constitución y a los tratados de derechos humanos.
La medida reconoce el carácter disruptivo de estas tecnologías y sus potencialidades para optimizar procesos, pero también advierte sobre los riesgos que conllevan: la desinformación, el uso indebido de datos sensibles, la vulneración de derechos de autor y la reproducción de sesgos.
ChatIA, la plataforma oficial
Uno de los ejes centrales de la resolución es la implementación de “ChatIA”, un sistema institucional desarrollado por la Secretaría de Innovación y Experiencia Digital. Será la única plataforma autorizada para que los agentes del Ministerio Público interactúen con modelos de lenguaje.
El uso de la herramienta estará sujeto a un esquema de control centralizado, con administración de usuarios, monitoreo, auditoría de interacciones y encriptación de comunicaciones. Su principal objetivo será asistir a los agentes judiciales en tareas de redacción, edición y resumen de documentos, con el fin de optimizar recursos y tiempos de trabajo.
Como condición previa, cada agente deberá firmar una declaración jurada de conocimiento y cumplimiento del marco normativo aprobado. La falta de suscripción o el incumplimiento de las pautas establecidas se considerará una falta disciplinaria, sancionable conforme al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Funcional (Res. PG N.º 2099/24).
Auditorías y revisiones
La Secretaría de Innovación y Experiencia Digital quedó facultada para realizar revisiones técnicas y operativas del sistema, aunque cualquier modificación de fondo deberá ser aprobada por el Procurador General.
Además, la resolución establece que todas las actividades desarrolladas mediante “ChatIA” podrán ser objeto de auditorías internas, a pedido de los secretarios de la Procuración General o de las máximas autoridades de gestión.
Con esta decisión, el Ministerio Público bonaerense se convierte en uno de los primeros organismos judiciales del país en regular de manera integral el uso de la inteligencia artificial, buscando equilibrar innovación tecnológica con garantías institucionales y derechos fundamentales.