La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este jueves un proyecto de ley que garantiza el derecho a la comunicación de niñas, niños y adolescentes alojados en hogares convivenciales o con familias cuidadoras con aquellas personas con quienes hayan mantenido un vínculo estable y continuo.
La iniciativa busca resguardar la continuidad afectiva de chicos y chicas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad y que muchas veces se ven obligados a transitar por distintas instituciones, alejándose de referentes que han sido fundamentales en su vida cotidiana.
“Estamos hablando de leyes que cambian la vida de un montón de niños, niñas y adolescentes, pero también de padres o personas gestantes respecto de situaciones de mucha vulnerabilidad”, sostuvo la diputada Lucía Iañez (Unión por la Patria), autora del proyecto. Y agregó: “A veces se cree que en los hogares convivenciales viven solamente niños huérfanos, pero la mayoría son chicos que sufrieron violencia en sus casas o cuyos padres atraviesan problemáticas severas. Son infancias con historias muy pesadas y el Estado, junto a la sociedad, tenemos la corresponsabilidad de garantizarles derechos y un futuro feliz”.
Iañez destacó además el compromiso de la red de espacios convivenciales —que incluye 23 hogares provinciales, instituciones municipales y organizaciones comunitarias— y subrayó que la ley permitirá contar con un registro dinámico para conocer, acompañar y controlar qué ocurre en cada institución.
“Esta norma fortalece el sistema de protección, que salva vidas y futuros. Nace de la experiencia de conocer cómo es la vida de un pibe en situación de vulnerabilidad, de cómo va y viene entre instituciones. Y lo que se busca es que tengan la certeza de que siempre habrá alguien que eligió cuidarlos y que seguirá estando presente”.
Desde el bloque de la UCR-Cambio Federal, el diputado Diego Garciarena, co autor de la iniciativa, celebró la sanción y remarcó los fundamentos jurídicos de la iniciativa: “Este proyecto se enmarca en tres conceptos fundamentales: el interés superior del niño, que debe guiar cada decisión; el derecho de sangre, que establece la revinculación con la familia de origen; y el derecho autónomo al cuidado reconocido por la CIDH como un derecho humano superior. La ley busca evitar que un niño sufra múltiples separaciones de quienes le dieron amor, estableciendo la obligatoriedad en la comunicación”.
La norma también contempla la intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público Pupilar en los casos en que los niños no puedan expresar por sí mismos su voluntad de mantener un vínculo, asegurando que prime siempre el interés superior de la niñez.