La oposición logró media sanción al financiamiento universitario y pone en jaque a Milei

En una sesión cargada de tensión, la oposición logró este miércoles en la Cámara de Diputados la media sanción a una ley clave para las universidades públicas. El proyecto busca garantizar el financiamiento del sistema universitario nacional, estableciendo una actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento, convocando a paritarias docentes y no docentes, y aumentando las becas estudiantiles.

La votación arrojó 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, quedando a un solo voto de los dos tercios necesarios para blindar un eventual veto presidencial. Aun así, el resultado refleja un amplio consenso opositor que abarcó a Unión por la Patria, el radicalismo disidente, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y bloques federales. También se sumaron legisladores libertarios alejados del oficialismo.

La propuesta había sido impulsada originalmente por el bloque Democracia para Siempre, en acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tras meses de conflicto por el ajuste presupuestario aplicado por el Gobierno nacional a las universidades. La iniciativa había tenido un antecedente el año pasado, cuando una ley similar fue vetada por el presidente Javier Milei, lo que agudizó la crisis educativa y provocó movilizaciones masivas.

Durante la sesión, el oficialismo intentó frenar el debate evitando el quórum, pero fracasó. Poco después del mediodía, con 131 diputados presentes, se inició una maratónica jornada que también incluyó el tratamiento de la emergencia en pediatría por la situación del Hospital Garrahan y otros temas sensibles.

El tratamiento del proyecto ocurre en medio de un clima social de malestar, con movilizaciones universitarias, de jubilados y personal de salud, y refuerza la imagen de aislamiento legislativo del oficialismo frente a una oposición que, al menos en algunos temas, muestra capacidad de articulación.

Ahora el proyecto pasa al Senado. Si consigue allí el mismo respaldo, el Gobierno deberá decidir entre promulgarlo o vetarlo nuevamente, lo que abriría una nueva confrontación con el sistema universitario y con la mayoría del Congreso.

Asimismo, en el arranque de la sesión especial, se decidió retirar del temario el tratamiento del veto presidencial a la ley de emergencia para los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales. La resolución fue adoptada en la reunión previa de Labor Parlamentaria, tras advertir que no se alcanzaría la mayoría especial de dos tercios requerida para insistir con la norma.

El debate en torno al veto había generado expectativa, pero ya desde la previa distintos sectores anticipaban que no estaban dadas las condiciones para avanzar. En ese marco, la diputada radical Karina Banfi, una de las más comprometidas con la situación en Bahía Blanca, alertó en redes sociales sobre el riesgo de perder la votación y solicitó su postergación. La moción fue formalizada en el recinto por la legisladora del PRO Silvana Giudici y aprobada a mano alzada.

No todos los bloques acompañaron la decisión. Desde la bancada Democracia para Siempre, el diputado Pablo Juliano manifestó su desacuerdo, al igual que Christian Castillo, referente de la izquierda, quienes pidieron dejar constancia de su postura crítica frente al retiro del tema.

El proyecto en cuestión había sido aprobado por amplias mayorías en ambas cámaras tras las devastadoras inundaciones de marzo pasado. La ley sancionada declaraba la emergencia por 180 días y contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones, subsidios directos, obras de infraestructura, líneas de crédito, exenciones impositivas y otras medidas de alivio.

Sin embargo, el pasado 24 de junio, el presidente Javier Milei vetó la norma mediante el decreto 424/25. Argumentó que parte de la asistencia ya había sido dispuesta a través de otro decreto (el 238/25) y que el proyecto no indicaba con precisión la fuente de financiamiento.

En su cuenta de X (ex Twitter), Banfi reafirmó que se está trabajando para construir los consensos necesarios que permitan insistir con la ley en una próxima sesión. “No podemos arriesgarnos a perder este proyecto, es estratégico”, expresó, y apuntó que hasta el momento el Ejecutivo solo ejecutó $61 mil millones de los fondos comprometidos, una cifra insuficiente frente a las múltiples urgencias que persisten en la zona.

Mientras tanto, sigue la presión sobre el Gobierno para que cumpla con la asistencia prometida, en un contexto donde cientos de familias y sectores productivos aún esperan respuestas concretas.