Sin fondos ni respuestas: crece la alarma en la educación especial

La red de escuelas privadas que brinda servicios a niños y adolescentes con discapacidad en Argentina atraviesa una crisis profunda. El congelamiento del nomenclador nacional desde diciembre de 2024, junto con la falta de actualización de aranceles y los reiterados atrasos en los pagos por parte del Estado, generaron un escenario límite que amenaza con dejar sin atención a miles de estudiantes.

“La situación dejó de ser un problema administrativo para transformarse en una emergencia estructural”, alertaron desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA). “Lo que está en juego no es una línea presupuestaria, sino la posibilidad de que chicos y chicas con discapacidad puedan aprender, desarrollarse y ser incluidos en condiciones reales”.

Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA, explicó que las instituciones enfrentan un desfase de más del 70% entre los aranceles que perciben y la inflación acumulada. “Nuestros principales costos —como los salarios docentes— sí se actualizan, y eso nos deja con ingresos congelados y egresos crecientes”, sostuvo. Además, advirtió que la Superintendencia de Servicios de Salud está liquidando prestaciones con demoras de hasta 90 días: “Es muy difícil garantizar una educación de calidad en estas condiciones”.

El panorama afecta tanto a las escuelas especiales como a los servicios de apoyo en escuelas comunes, donde trabajan docentes integradores y acompañantes terapéuticos. “Esos profesionales no pueden sostener su tarea si no hay condiciones mínimas”, remarcó Giorgi.

Desde La Matanza, Alejandra Luciani, representante legal de la institución Portal del Sol, también fue contundente: “Vivimos una emergencia. La red que durante años protegió derechos está siendo desarticulada. Las decisiones que congelan valores, traban certificados y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”.

Su escuela ofrece jornada extendida y comedor, lo que incrementa aún más los gastos. “Tenemos que afrontar aumentos salariales, de luz, gas y alimentos, mientras las cuotas permanecen congeladas”, describió. Y reclamó: “El Estado no puede mirar para otro lado. Muchas familias hacen enormes esfuerzos, viajan decenas de kilómetros por día, y aun así no tienen garantizado lo más básico”.

En Mercedes, Elena Sequeira, directora de Vamos Creciendo, detalló que las deudas por prestaciones ya superan los 278 millones de pesos. “Las familias presentan presupuestos en diciembre para arrancar en marzo, pero las autorizaciones llegan en junio. Eso significa que recién se factura en ese momento y que el pago puede llegar en septiembre. Es un sistema insostenible”, afirmó.

Una sesión de fonoaudiología o psicopedagogía se paga actualmente $12.370, pero los chicos necesitan varias por semana. “A eso se suman gastos de ortopedia, farmacia y transporte”, agregó Sequeira.

Además, pidió que se fortalezca el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad. “Necesitamos un organismo con capacidad real de auditoría, que garantice un funcionamiento más ágil y justo. Los derechos no se reclaman por caridad, sino por ley”, sentenció.

Tanto AIEPA como las instituciones afectadas insisten en la necesidad urgente de que el Congreso sancione una ley nacional de emergencia para el sector. Sin esa herramienta, advierten que muchas escuelas podrían cerrar o reducir servicios en los próximos meses.

“El compromiso del sector educativo es inclaudicable, pero todo el esfuerzo está en riesgo”, cerró Giorgi.