Un nuevo escándalo sacude a La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Maximiliano Cobas, quien integraba la lista de candidatos a concejales por ese espacio en el partido bonaerense de Lobos, fue obligado a renunciar luego de ser procesado por violencia de género tras una brutal agresión a su expareja, registrada en un video que se viralizó rápidamente.
El episodio ocurrió durante la noche del miércoles en una vivienda ubicada en la calle Soldado Azcárate al 1100. Allí, Cobas irrumpió por la fuerza intentando ingresar a la casa de su expareja, una mujer de 37 años, que intentaba impedir el acceso sosteniendo la puerta, mientras sus dos hijos —una nena y un nene de corta edad— presenciaban la escena. El video, de apenas 20 segundos, muestra el momento de la agresión, los gritos desesperados de la mujer y la angustia de los niños.
La víctima fue asistida por personal del SAME debido a una crisis nerviosa y la policía trasladó a Cobas a la comisaría local. La justicia lo procesó por los delitos de "lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y violación de domicilio en concurso real". Además, se dictaron medidas de protección para la mujer.
Frente a la repercusión pública del caso, el espacio libertario en Lobos emitió un comunicado en el que anunció la “renuncia voluntaria e indeclinable” de Cobas a su participación política en LLA. “Exigimos a nuestros integrantes un compromiso ético con las normas de convivencia republicana, el respeto a las instituciones y el principio de no agresión, pilares esenciales de una sociedad libre y ordenada”, expresó el partido.
“La Libertad Avanza sostiene los principios de la vida, la libertad y la propiedad privada”, señalaron, y reafirmaron su “compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y la construcción de una alternativa basada en los valores que nos definen”.
Con la salida de Cobas, el candidato suplente Sergio Estrada pasará a ocupar el quinto lugar de la lista para las elecciones municipales del próximo 7 de septiembre.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de los partidos políticos en la selección de sus candidatos y la necesidad de incorporar filtros y compromisos concretos en materia de violencia de género.